La vida pública de México expone sus grietas cuando decisiones deportivas terminan revelándose no en mesas formales, sino por declaraciones improvisadas. En este caso, el anuncio sobre la salida del Atlante de Morelos se confirmó con una ligereza que dejó más dudas que certeza, luego de que la gobernadora Margarita González Saravia adelantara información clave sin respaldo institucional.
Durante la conmemoración del 115 aniversario de la Revolución Mexicana, la mandataria reveló que el club azulgrana dejará la entidad ante su inminente regreso a la primera división. Además, afirmó que el equipo adquirió la franquicia del Mazatlán FC, propiedad de Ricardo Salinas Pliego, aunque el contexto financiero y legal detrás de la operación apenas comenzaba a esclarecerse. En consecuencia, su comentario improvisado detonó cuestionamientos sobre la prudencia política en un tema que involucra a empresarios, dependencias federales y un litigio fiscal multimillonario.
Atlante y el revuelo político en Morelos
Por otro lado, González Saravia aseguró que “seguirá trabajando” con el club aun cuando el Atlante se trasladará a la Ciudad de México para integrarse al torneo Apertura 2026. Estas afirmaciones contrastaron con la ausencia de un anuncio oficial del propio equipo, encabezado por Emilio Escalante, lo que amplificó la percepción de desorden en la comunicación gubernamental.
Asimismo, reportes periodísticos recordaron que el Atlante juega actualmente en Zacatepec dentro de la Liga Expansión MX, mientras que en meses recientes el club se retiró de la demanda ante el TAS que buscaba el regreso del ascenso y descenso. De igual manera, en octubre se confirmó que el equipo aprobó la certificación de la FMF para competir en primera división.
La operación financiera y el conflicto federal
En la parte económica, trascendió que la compra del Mazatlán rondaría los 65 millones de dólares, cifra vinculada a un mercado deportivo que también registró adquisiciones como la del Club Querétaro por parte de Innovatio Capital, empresa encabezada por Marc Spiegel. Además, el movimiento ocurre mientras Salinas Pliego mantiene un litigio con el gobierno federal por un adeudo estimado en 50 mil millones de pesos ante el SAT.
Un dato adicional mostró que la Suprema Corte ratificó la validez del cobro, lo que enmarca la salida del equipo dentro de un ambiente político y económico tenso.
