La discusión de la nueva Ley de Aguas tomó fuerza en el país mientras comunidades rurales observan con preocupación un proceso legislativo que podría transformar su relación histórica con la tierra. En Morelos, donde el acceso al agua define cultivos, oficios y cohesión social, crece el interés por entender cómo esta decisión nacional impactará la vida cotidiana.
El avance del dictamen ocurre en un ambiente marcado por presiones políticas y alertas de distintas organizaciones campesinas. Además, la rapidez con que las comisiones en el Congreso buscan aprobar la Ley de Aguas ha elevado el malestar, pues los líderes del campo dudan que sus exigencias se reflejen en el documento final.
Tensión entre el Gobierno y el campo por la Ley de Aguas
El punto más sensible gira en torno a las concesiones, ya que la propuesta presidencial elimina su transmisión entre particulares y concentra la reasignación en la Comisión Nacional del Agua. Esto preocupa a agricultores que temen perder valor patrimonial y seguridad jurídica en sus tierras.
Por otro lado, los cambios recientes matizan algunas disposiciones. Se preservan derechos de volumen y uso en herencias y ventas, y se habilita la regularización de pozos y títulos existentes. Del mismo modo, las mesas de negociación con organizaciones rurales han intentado reducir el conflicto, aunque el riesgo de nuevos bloqueos carreteros permanece latente si el dictamen avanza sin ajustes.
Morelos observa los efectos sociales de la Ley
El debate nacional influye en estados como Morelos, donde la tierra depende del riego y la certidumbre legal para sostener la economía comunitaria. En consecuencia, la discusión sobre centralizar el poder en CONAGUA despierta inquietud sobre cómo se administrarán los volúmenes y qué tan accesibles serán los trámites para pequeños productores.
Un dato reciente muestra la magnitud del tema: en múltiples entidades los bloqueos han generado afectaciones económicas por miles de millones de pesos, lo que incrementa la presión para alcanzar acuerdos.
