El Premio Estatal de la Juventud en Morelos quedó envuelto en cuestionamientos públicos luego de que su convocatoria apareciera de forma tardía y bajo un contexto marcado por denuncias de simulación, decisiones cerradas y uso discrecional de recursos públicos. Lo que debía ser un reconocimiento al activismo juvenil terminó convertido en un episodio que profundizó la desconfianza entre jóvenes organizados y colectivos ciudadanos.
Durante semanas, cuentas informativas y jóvenes denunciaron que el Instituto Morelense de las Personas Adolescentes y Jóvenes, encabezado por Rodrigo Heredia Del Orbe, no había publicado la convocatoria del galardón. La inconformidad escaló cuando trascendió que el director y personas cercanas dentro del mismo instituto realizaron un viaje a Cuba con recursos públicos, mientras el premio permanecía sin reglas claras ni fechas oficiales.
Poco después de que esta información circulara en redes y medios digitales, las cuentas oficiales del instituto anunciaron que sí se llevaría a cabo el Premio Estatal de la Juventud y que el monto económico sería mayor al de ediciones anteriores. Para diversos colectivos juveniles, la secuencia reforzó la percepción de una reacción política para contener el desgaste, más que una decisión basada en planeación institucional.
Premio Estatal de la Juventud bajo señalamientos públicos
Tras publicarse la convocatoria, jóvenes activistas señalaron que la premiación estaba viciada de origen, al decir que los reconocimientos se entregarían a personas cercanas al círculo del director. La crítica se intensificó cuando se difundió que entre las personas galardonadas se encontraban al menos dos con denuncias públicas por conductas violentas, una de ellas autodenominada activista por los derechos LGBT+ y otra vinculada al activismo feminista, ambas señaladas en redes por agresiones hacia mujeres.
Las denuncias no afirman sentencias judiciales, pero sí cuestionan la coherencia ética del premio, cuyo discurso oficial presume valores de inclusión, derechos humanos y transformación social. A ello se sumó la inconformidad por la inclusión del hijo del comisionado presidente del IMIPE, organismo que oficialmente se ha declarado en proceso de extinción, aunque continúa solicitando recursos en el paquete económico 2026, mientras su titular mantiene un salario superior al de la presidenta de la República.
La ceremonia se realizó el 9 de diciembre en el Centro Cultural Teopanzolco, encabezada por Margarita González Saravia, acompañada por Héctor Javier García Chávez, Edgar Maldonado y Rodrigo Heredia Del Orbe, quienes defendieron el premio como un ejercicio democrático e incluyente. Sin embargo, para amplios sectores juveniles, el evento dejó una pregunta abierta sobre el verdadero sentido del Premio Estatal de la Juventud y si responde al mérito social o a lealtades políticas.
Esta controversia ocurre en un estado donde la participación juvenil enfrenta rezagos estructurales y donde la credibilidad institucional se ha convertido en un tema central del debate público.
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