La herida abierta que dejó Tetelcingo vuelve a sangrar en Morelos. La falta de actuaciones oportunas de la Fiscalía estatal permitió que delitos graves vinculados a la inhumación clandestina de cuerpos prescribieran, lo que refuerza un patrón de impunidad que lastima a las víctimas y erosiona la credibilidad institucional en México.
Familiares de Oliver Wenceslao denunciaron que una segunda resolución judicial confirmó la prescripción de delitos relacionados con su asesinato y entierro irregular junto a más de un centenar de cuerpos. El juez determinó no vincular a proceso a una exfuncionaria de Servicios Periciales, al considerar que la autoridad investigadora dejó pasar los plazos legales sin acciones concretas.
Durante años, las omisiones se acumularon. La Fiscalía no presentó argumentos sólidos para frenar la prescripción y se limitó a solicitudes genéricas ante el juzgado. Además, los constantes cambios de ministerios públicos y fiscales generales impidieron una línea de investigación continua y efectiva.
Tetelcingo revela omisiones estructurales en la Fiscalía
El caso Tetelcingo se convirtió en símbolo de prácticas institucionales deficientes. Los familiares documentaron la desaparición temporal de la carpeta de investigación, la inhumación sin notificación de cuerpos y la falta de acceso oportuno a la información. Cada omisión profundizó el rezago procesal que hoy favorece a los presuntos responsables.
Son más de 40 servidores públicos los señalados por la inhumación indebida. Dos fallecieron sin rendir cuentas. Las resoluciones judiciales de octubre de 2024 y diciembre de 2025 marcaron un precedente que podría repetirse si la Fiscalía no actúa con rapidez en los expedientes restantes.
Víctimas exigen acciones para evitar más prescripciones
Los familiares exigieron al actual Fiscal General revisar el caso y ordenar investigaciones internas contra funcionarios cuya inacción generó daños irreparables. También advirtieron que analizan acudir a instancias internacionales ante la falta de respuestas locales.
Un informe de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos confirmó que en Tetelcingo se violaron protocolos básicos y derechos humanos al inhumar 119 cuerpos sin identificación ni transparencia, un dato que mantiene vigente la exigencia de verdad y justicia.
