La red de señalamientos ligados a García Luna volvió a tomar relevancia en Morelos tras la detención de Jesús Alberto Caballero Tardaguila, ex funcionario municipal y antiguo colaborador del ex secretario de Seguridad Pública federal. El caso expone vínculos administrativos y financieros que hoy enfrentan procesos penales por delitos graves.
La aprehensión ocurrió el 26 de diciembre en Cuernavaca. Elementos federales trasladaron al detenido ante un juez de control del Centro de Justicia Penal Federal, con sede en el penal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México. Las autoridades lo investigan por presunta delincuencia organizada, peculado y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Además, el expediente se integra a las indagatorias que siguen abiertas contra García Luna por contratos irregulares durante su paso por el sistema penitenciario federal.
Perfil profesional y paso por el ayuntamiento
Jesús Alberto Caballero Tardaguila cuenta con formación como ingeniero en computación y una maestría en tecnologías de información y administración. Durante la administración municipal de Cuernavaca entre 2016 y 2018 ocupó la Dirección General de Tecnologías de Información y Comunicación.
Asimismo, en 2016 fungió como vocal del subcomité Sectorial de Transparencia, Eficiencia y Cero Corrupción. Dicho órgano tenía como objetivo fortalecer el uso honesto de los recursos públicos y promover prácticas administrativas transparentes dentro del ayuntamiento.
Este contraste entre discurso institucional y los señalamientos actuales ha generado atención pública, ya que su nombre aparece ahora vinculado a esquemas financieros presuntamente ilegales.
Investigación federal y vínculo con García Luna
De acuerdo con la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, Caballero Tardaguila habría participado entre 2013 y 2015 en la simulación de contratos de servicios para desviar recursos del sistema penitenciario federal.
Las investigaciones señalan que esos fondos habrían sido canalizados a empresas controladas por García Luna. El daño económico estimado por estos contratos asciende a más de cinco mil millones de pesos.
El caso se suma a un conjunto de expedientes que mantienen bajo escrutinio la gestión de seguridad pública de sexenios anteriores, donde las autoridades federales continúan documentando redes financieras y administrativas con ramificaciones en distintos niveles de gobierno.
