La seguridad penitenciaria en Morelos volvió a colocarse bajo la lupa tras la detención de una mujer durante una revisión de rutina en un centro de reinserción social. El hecho ocurrió en un contexto de operativos reforzados para frenar delitos de extorsión desde el interior de los penales del estado.
Autoridades estatales detectaron a una mujer de 62 años durante una visita familiar en el Centro de Reinserción Social Varonil Morelos. La inspección permitió localizar dos teléfonos celulares ocultos en su cuerpo, lo que derivó en su aseguramiento inmediato y en el inicio de un proceso penal.
Además, la acción se enmarca en la aplicación de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, vigente desde finales de noviembre, que endurece las sanciones por introducir dispositivos electrónicos a centros penitenciarios.
Operativos refuerzan control en centros penitenciarios
Durante la visita del 27 de diciembre, custodios acreditables realizaron una revisión preventiva como parte de los operativos interinstitucionales coordinados por la Mesa Estatal de Construcción de Paz y Seguridad. En consecuencia, detectaron a la mujer cuando intentaba ingresar dos teléfonos celulares marca Honor.
La mujer se encontraba registrada como visita familiar acreditada y mantenía parentesco directo con una Persona Privada de la Libertad que cumple una sentencia de 15 años por robo de vehículo agravado. Asimismo, las autoridades confirmaron que no contaba con autorización para introducir dispositivos electrónicos.
Por otro lado, el marco legal vigente establece penas de seis a doce años de prisión para quien intente ingresar este tipo de aparatos a penales, debido a su uso frecuente en delitos de extorsión.
Proceso legal avanza bajo prisión preventiva
Tras el aseguramiento, la mujer quedó a disposición de la Fiscalía General del Estado de Morelos, donde un juez calificó como legal su detención. De igual manera, se le impuso la medida cautelar de prisión preventiva.
La audiencia de vinculación a proceso quedó programada para el 2 de enero de 2026. Mientras tanto, las autoridades reiteraron que mantendrán los operativos de supervisión en los cinco Ceresos de la entidad.
Durante 2025, las corporaciones de seguridad realizaron 22 operativos similares con acompañamiento de la Comisión de Derechos Humanos, como parte de una estrategia para inhibir delitos de alto impacto desde el sistema penitenciario.
