La inseguridad alcanzó de lleno al sector educativo en México. En Morelos, docentes de educación básica trabajan bajo riesgo constante por amenazas, intentos de extorsión y agresiones, una situación que ya provocó la suspensión temporal de clases presenciales en algunos planteles para proteger a la comunidad escolar.
Autoridades educativas confirmaron que el caso más reciente afectó a toda la plantilla docente de una escuela primaria. Las agresiones no se limitaron a un solo punto del estado, ya que también se documentaron incidentes en zonas metropolitanas donde maestras y maestros quedaron expuestos durante sus traslados y jornadas laborales.
Docentes bajo presión por amenazas y extorsiones
La dirigencia sindical de la Sección 19 del SNTE informó que docentes recibieron llamadas y mensajes intimidatorios con referencias precisas a sus rutinas diarias, domicilios y vehículos. En consecuencia, el personal afectado solicitó asesoría jurídica, acompañamiento institucional y, en algunos casos, el cambio de centro de trabajo.
Las amenazas se ubicaron en una fase inicial de extorsión, sin montos definidos, pero con un impacto directo en la percepción de seguridad. Además, se reportaron asaltos, robos de vehículos y balaceras en zonas cercanas a escuelas, hechos que incrementaron el temor entre docentes, estudiantes y familias.
Como medida preventiva, autoridades educativas autorizaron traslados a otros planteles e incluso a distintos municipios. Del mismo modo, algunas escuelas activaron esquemas temporales de educación a distancia mientras se evaluaban las condiciones de seguridad.
Violencia persistente y respuesta institucional
Los hechos recientes se suman a antecedentes de alto impacto registrados desde 2023. En noviembre de 2025, el asesinato de un docente generó movilizaciones del magisterio. En enero de 2026, agresiones dentro de un plantel evidenciaron que los riesgos también surgen al interior de las escuelas.
El Congreso local reconoció que la extorsión ya afecta al ámbito educativo y llamó a reforzar la coordinación entre autoridades, sindicatos y fiscalías.
Durante 2026, al menos tres planteles reportaron afectaciones directas que derivaron en ajustes operativos, de acuerdo con registros sindicales y educativos.
