En México, el Gobierno de Morelos enfrenta fuertes cuestionamientos luego de publicar un nuevo protocolo policial para las manifestaciones del 8 de marzo, documento que organizaciones feministas y activistas consideran una medida que podría facilitar la represión y limitar el derecho a la protesta.
El decreto fue difundido la noche del 6 de marzo en el Periódico Oficial Tierra y Libertad. Aunque el Gobierno de Morelos sostiene que busca garantizar la seguridad durante las movilizaciones, diversos colectivos advierten que el contenido del protocolo prioriza el control policial sobre la protección de los derechos ciudadanos.
Protocolo del Gobierno de Morelos genera preocupación entre activistas
El documento establece distintas fases de intervención policial que van desde advertencias y diálogo hasta la delimitación de perímetros, encapsulamientos y medidas de contención si las autoridades consideran que existe resistencia.
Sin embargo, especialistas y organizaciones sociales señalan que varios conceptos incluidos en el texto son ambiguos y otorgan a los cuerpos de seguridad una amplia discrecionalidad para intervenir en protestas, incluso cuando se desarrollan de manera pacífica.
Uno de los puntos más cuestionados es la facultad de detener personas por la llamada “apariencia de delito”, una figura considerada subjetiva y que, según activistas, puede utilizarse para justificar detenciones arbitrarias o criminalizar la participación en marchas.
Además, el protocolo autoriza el uso de extintores como medida de contención frente a lo que las autoridades definan como “acciones violentas”. Para colectivos feministas, esta disposición refleja una visión de la protesta social como amenaza y no como un derecho democrático.
Prioridad al control de protestas antes que a los derechos
Otro aspecto criticado es que el documento establece como prioridad la recuperación de la vialidad en caso de bloqueos, lo que permitiría desplegar operativos policiales para liberar calles aun cuando las manifestaciones se desarrollen de forma pacífica.
Activistas advierten que este enfoque coloca la circulación vehicular por encima del derecho constitucional a la libertad de reunión y expresión, uno de los pilares de cualquier democracia.
También señalaron que, aunque el protocolo menciona el respeto a los derechos de las mujeres, no establece mecanismos claros para evitar abusos durante las intervenciones policiales, lo que genera preocupación ante la proximidad de las marchas del 8M.
Además, integrantes del movimiento estudiantil de la UAEM, que mantienen protestas por la violencia contra estudiantes, advirtieron que el documento podría utilizarse para disuadir o incluso reprimir movilizaciones sociales en el estado.
La polémica surge en un contexto especialmente sensible para Morelos. En las últimas semanas, el asesinato de dos estudiantes universitarias provocó protestas, paros y marchas que mantienen en tensión a la comunidad universitaria y a la sociedad morelense.
