La violencia en Morelos volvió a golpear con un caso que expone fallas profundas del Estado. El asesinato de Sandra Rosa Camacho Flores no solo sacude a Temoac, también evidencia la incapacidad institucional para proteger a quienes alzan la voz.
Su muerte no ocurrió en silencio ni por sorpresa. Meses antes, la activista había advertido públicamente que su vida estaba en riesgo, frente a autoridades estatales y municipales.
Sandra Rosa Camacho denunció y no fue protegida
El caso de Sandra Rosa Camacho revela una cadena de omisiones. En agosto de 2025, durante una mesa de seguridad encabezada por la gobernadora Margarita González Saravia, denunció extorsiones, balaceras y violencia en su comunidad.
Además, solicitó presencia de la Guardia Nacional y alertó que era la única persona que se estaba inconformando. Su advertencia fue directa. Su vida estaba en peligro.
Sin embargo, pese a estas denuncias públicas y a contar con medidas cautelares, la protección nunca se materializó de forma efectiva. En consecuencia, su asesinato dentro de su domicilio se percibe como un crimen anunciado.
Asimismo, el contexto agrava la situación. En la región, el entonces alcalde Valentín Lavín Romero sufrió un atentado y posteriormente dejó el cargo. Además, su vínculo con Angelina “N”, conocida como “La Patrona”, presunta operadora criminal, refuerza el entorno de riesgo.
Violencia política y ausencia de respuesta real
Tras el asesinato, el gobierno estatal emitió un comunicado condenando los hechos. No obstante, este tipo de posicionamientos ya no resultan suficientes frente a una violencia que se repite.
Del mismo modo, organizaciones como Mujeres Indígenas Líderes Comunitarias y la Coordinadora de Grupos Culturales Indígenas y Populares señalaron que el crimen constituye violencia política en razón de género.
Además, exigieron una investigación real y efectiva. También recordaron que Sandra Rosa ocupaba un cargo comunitario y participaba activamente en la organización social de Temoac.
En consecuencia, el caso evidencia una falla estructural en los mecanismos de protección. No se trata únicamente de reaccionar después de los hechos, sino de prevenirlos cuando existen señales claras.
En lo que va de 2026, al menos seis feminicidios se han registrado en la región oriente de Morelos, lo que confirma que la violencia contra las mujeres no solo persiste, sino que avanza sin contención efectiva.
