El caso de Edith Guadalupe no solo sigue abierto en el terreno judicial, también se ha convertido en un reflejo incómodo de cómo operan las instituciones cuando están bajo presión pública. Lo que comenzó como una exigencia legítima de justicia hoy está rodeado de dudas, contradicciones y una narrativa que no termina de convencer.
La familia de Edith Guadalupe aseguró que Juan Jesús “N” es el responsable del feminicidio. Afirmaron que existen pruebas contundentes integradas en la carpeta de investigación y que han sido revisadas por expertos independientes.
Edith Guadalupe y el giro en la postura de la familia
Además, los familiares señalaron que no tienen dudas sobre la culpabilidad del imputado. Indicaron que las pruebas se han obtenido bajo la debida diligencia de la Fiscalía General de Justicia.
Asimismo, reconocieron que hubo omisiones graves en las primeras horas de búsqueda. Sin embargo, descartaron que el fiscal de desaparecidos, Luis Eduardo Poletti Vega, incurriera en corrupción, atribuyendo las fallas a otros funcionarios ya destituidos.
En consecuencia, pidieron detener la desinformación, evitar el uso del caso en movilizaciones y rechazaron cualquier señalamiento sobre solicitudes de apoyo económico. También denunciaron que la cobertura mediática ha generado revictimización.
Contradicciones, presión y un sistema bajo sospecha
Por otro lado, el cambio de discurso de la familia genera cuestionamientos inevitables. Hace apenas días exigían claridad y denunciaban irregularidades, hoy aseguran que la Fiscalía no está fabricando culpables. La contradicción es evidente y no pasa desapercibida.
De igual manera, este caso conmociona porque confirma lo que muchos ya sospechaban. El sistema de justicia no solo falla, está estructuralmente comprometido. Las fiscalías han sido señaladas durante años por operar dentro de redes de corrupción que nadie ha querido tocar porque inevitablemente salpican a los niveles más altos del poder.
Aquí no solo se habló de errores. Hubo denuncias directas de “mochadas” para hacer el trabajo, ausencia total de protocolos y una práctica sistemática de revictimizar a mujeres desaparecidas. Se les culpa, se les reduce, se les invisibiliza con discursos que rozan la misoginia y el machismo.
Además, este caso dejó ver algo aún más grave. La capacidad del gobierno para construir narrativas desde cero, inculpar a quien convenga, presionar a familias, intimidar y hasta sobornar con tal de sostener la idea de que todo está bajo control.
El hecho de que el caso se volviera mediático y alcanzara a figuras como Bertha María Alcalde Luján, actual fiscal de la Ciudad de México y hermana de Luisa María Alcalde Luján, evidenció aún más el problema. La percepción de nepotismo y decisiones por dedazo no es menor, es parte del contexto que alimenta la desconfianza.
Finalmente, las recientes declaraciones de la familia generan más preguntas que respuestas. Frases como que la Fiscalía no crea culpables de fantasía resultan difíciles de sostener frente a lo que ya se había denunciado. La pregunta es directa y sigue en el aire ¿realmente se está haciendo justicia o solo se está construyendo otra historia oficial?
