El aumento de 30% al transporte público en Morelos terminó por exhibir una de las mayores debilidades políticas del gobierno encabezado por Margarita González Saravia. Más que una decisión técnica o una estrategia de modernización, el ajuste tarifario dejó la impresión de que los concesionarios volvieron a imponer condiciones mediante presión y amenaza de movilizaciones.
El incremento de 10 a 13 pesos no surgió acompañado de una transformación visible del servicio. Llegó primero el tarifazo y después las promesas. Exactamente la misma fórmula que los ciudadanos han escuchado durante años sin resultados reales.
Además, el Gobierno del Estado terminó trasladando el costo de su incapacidad política directamente al bolsillo de millones de usuarios que diariamente dependen de las rutas para trabajar, estudiar o movilizarse.
Incremento revive críticas contra transportistas
Las autoridades justificaron el incremento bajo el argumento de una supuesta modernización basada en tecnología, capacitación y renovación de unidades. Sin embargo, la realidad cotidiana del transporte público en Morelos contradice completamente ese discurso oficial.
Los usuarios continúan enfrentando rutas deterioradas, unidades viejas, operadores agresivos, carreras por el pasaje, inseguridad y accidentes constantes en distintos municipios del estado.
Asimismo, el incremento golpeará principalmente a trabajadores, estudiantes, comerciantes y madres de familia que utilizan varias rutas al día para trasladarse.
El impacto económico ocurre además en medio de inflación, inseguridad, cobro de piso y una economía estatal debilitada por la falta de crecimiento y resultados visibles.
Gobierno autorizó aumento antes de exigir resultados
La crítica más fuerte recae en la forma en que se aprobó el ajuste. Un gobierno con capacidad de conducción habría condicionado cualquier incremento a mejoras verificables y previas en el servicio.
Primero debieron llegar unidades nuevas, supervisión real, sanciones a choferes irresponsables y medidas de seguridad para los usuarios. Pero ocurrió exactamente lo contrario.
Primero se autorizó el incremento y después comenzaron las promesas recicladas sobre modernización.
Mientras tanto, sectores ciudadanos consideran que el transporte público continúa funcionando como un poder paralelo capaz de doblar políticamente a cualquier administración estatal mediante presión y bloqueos.
La decisión terminó fortaleciendo la percepción de que el gobierno estatal no controla realmente uno de los problemas más graves que enfrenta diariamente la población morelense.
