Morelos volvió a colocarse en el centro del escándalo nacional. Y esta vez no por rumores menores ni por disputas partidistas. Lo que está ocurriendo exhibe algo mucho más grave. La aparente selectividad con la que opera la justicia cuando ciertos nombres políticos aparecen vinculados con estructuras criminales.
La llamada operación Enjambre ya provocó detenciones importantes en la entidad. Agustín Toledo Amaro, alcalde de Atlatlahucan, cayó detenido. También Irving Sánchez Zavala, exalcalde de Yecapixtla. Mientras tanto, Jesús Corona Damián continúa prófugo y convertido en objetivo prioritario del gabinete federal de seguridad. Todos señalados por presuntos vínculos con grupos criminales.
Pero aquí aparece la pregunta incómoda que en Morelos millones se hacen y pocos dentro del poder quieren responder.
Si las imágenes difundidas en redes sociales donde aparecían Jesús Corona Damián y Agustín Toledo junto a Júpiter Araujo “El Barbas” fueron suficientes para detonar investigaciones, operativos y órdenes de captura, entonces ¿por qué no ocurrió exactamente lo mismo con Cuauhtémoc Blanco?
Porque también circularon fotografías del exgobernador junto a Irving Eduardo Solano Vera “El Profe”, señalado por vínculos con Guerreros Unidos y CJNG. En la misma imagen está con Homero Figueroa Meza “La Tripa”, identificado con el Comando Tlahuica, así como con Raymundo Isidro Castro “El Ray”, relacionado con el CJNG.
Mientras alcaldes, operadores y funcionarios caen uno tras otro, alrededor de Cuauhtémoc Blanco persiste una especie de blindaje político inexplicable. Un muro de protección que ningún operativo parece tocar. Y eso alimenta todavía más las sospechas dentro de un estado que arrastra años de violencia, extorsión y control criminal territorial.
Además, muchos recuerdan cómo el exfutbolista recibió una diputación plurinominal apenas terminó su sexenio. Un movimiento político que para numerosos morelenses no fue casualidad, sino una operación urgente para mantenerle fuero y protección federal.
La operación Enjambre destapó viejas preguntas
La operación Enjambre dejó claro que las autoridades federales sí están dispuestas a actuar cuando existen indicios de relaciones entre políticos y crimen organizado. Sin embargo, el caso de Cuauhtémoc Blanco parece caminar bajo reglas distintas.
Y eso provoca otra interrogante todavía más delicada.
¿Quién protege realmente a Cuauhtémoc Blanco?
Porque en Morelos no se olvidan los señalamientos que durante años rodearon tanto al exgobernador como a su hermano Ulises Bravo Molina desde la etapa en que controlaban políticamente Cuernavaca. Tampoco se olvida el desastre institucional, financiero y de seguridad que dejaron durante el sexenio pasado.
Morelos observa una justicia que parece selectiva
El problema ya no es únicamente la presencia del crimen organizado. El verdadero problema es la percepción de que la justicia actúa dependiendo del apellido, el partido o la información que ciertos personajes puedan comprometer.
Muchos se preguntan si el silencio alrededor de Cuauhtémoc Blanco responde al temor de exponer nexos más profundos dentro de Morena o si simplemente existen acuerdos políticos demasiado grandes para romperse públicamente.
Porque cuando unos son perseguidos por fotografías y otros sobreviven políticamente pese a antecedentes similares, la ciudadanía deja de confiar en las instituciones.
