La violencia política volvió a encender las alertas en Sinaloa luego de que una corona fúnebre apareciera frente al domicilio de la diputada priista Paola Gárate Valenzuela en Culiacán. El hecho ocurrió en medio de un clima de inseguridad que mantiene bajo presión a actores políticos y ciudadanos en la entidad.
La legisladora se encontraba en su vivienda cuando personas desconocidas dejaron el arreglo floral acompañado de una dedicatoria dirigida a la familia Gárate Valenzuela. El incidente generó movilización de autoridades y reavivó las preocupaciones sobre la seguridad de quienes mantienen una postura crítica frente al poder.
Amenaza genera preocupación por seguridad de Paola Gárate
El domicilio de la diputada se ubica en la colonia Emiliano Zapata, al sur de la capital sinaloense. Según reportes locales, la corona fue colocada en la entrada principal del inmueble y contenía una cinta con referencias directas a la familia de la legisladora.
Asimismo, elementos de distintas corporaciones acudieron al lugar para realizar las primeras diligencias. Entre ellas participó personal de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, que inició las investigaciones correspondientes.
La situación cobró mayor relevancia porque días antes la propia diputada reconoció públicamente que existían riesgos para su integridad. Durante una conferencia en el Congreso local afirmó que le preocupaba más la normalización de la violencia que las amenazas personales.
PRI exige protección y cuestiona la falta de respuesta
Por otro lado, Alejandro Moreno Cárdenas, dirigente nacional del PRI, condenó los hechos y calificó el episodio como un acto de intimidación directa. Además, aseguró que el partido había solicitado protección federal para la legisladora antes de que ocurrieran estos acontecimientos.
Gárate Valenzuela se ha convertido en una de las voces opositoras más críticas del escenario político sinaloense. También ha denunciado episodios relacionados con la violencia electoral de 2021 y ha mantenido señalamientos contra actores políticos vinculados al gobierno estatal. El caso vuelve a colocar sobre la mesa el debate sobre la seguridad de representantes públicos en una entidad marcada por la violencia y la presencia del crimen organizado.
