El pozo de gas Krem-1, ubicado en el municipio de Las Choapas, Veracruz, permanece fuera de control a más de 130 días de la explosión e incendio registrados el pasado 5 de marzo. Mientras continúan las labores para contener la fuga, habitantes de comunidades cercanas reportan afectaciones a la salud, pérdidas en cultivos y la muerte de animales.
La Alianza Mexicana contra el Fracking y organizaciones que acompañan a la población afectada informaron que Petróleos Mexicanos (Pemex) reconoció que los trabajos para controlar el pozo podrían extenderse durante los próximos meses.
Las comunidades cercanas aseguran que el ruido constante dificulta el descanso y que la población enfrenta dolores de cabeza, náuseas, vómitos y problemas para respirar. Además, reportan escasez de medicamentos básicos en los centros de atención médica de la zona.
Pozo de gas mantiene preocupación por daños ambientales
Las organizaciones señalaron que la fuga también ha provocado pérdidas de milpas, árboles frutales, pastizales y ganado, lo que afecta directamente la economía de familias que dependen de la agricultura y la crianza de animales.
Los colectivos advirtieron que la población desconoce qué sustancias libera el pozo, en qué concentraciones se encuentran y cuáles son los riesgos reales para la salud. También cuestionaron que las autoridades aún no publiquen información completa sobre los monitoreos ambientales.
La Manifestación de Impacto Ambiental del proyecto identificó el descontrol del pozo como el escenario de mayor riesgo. Sin embargo, el documento concluyó que los efectos sobre la población y el medio ambiente eran tolerables, una valoración que las organizaciones consideran insuficientemente sustentada.
Organizaciones piden mayor transparencia
Pemex informó que el Instituto Mexicano del Petróleo realiza mediciones de la calidad del aire en la zona. No obstante, las organizaciones afirmaron que la empresa no ha difundido los datos completos, los horarios de monitoreo, la ubicación de los equipos ni la dirección de los vientos, información que consideran necesaria para evaluar la magnitud de la emergencia.
Las comunidades también sostienen que continúan los problemas de salud, los daños a las actividades productivas y el desabasto de medicamentos. Ante este panorama, las organizaciones solicitaron transparentar las mediciones ambientales, fortalecer la atención médica, reparar los daños ocasionados y considerar este caso antes de autorizar nuevas técnicas de extracción como el fracking.
