El Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia nació en 1977 con la intención de convertirse en el organismo encargado de proteger a la niñez y fortalecer a las familias mexicanas. A nivel estatal y municipal se replicó la estructura, con un rol visible para las esposas de gobernadores y presidentes municipales como presidentas honorarias.
Desde el DIF de Marco Antonio Adame hasta los periodos de Graco Ramírez, Cuauhtémoc Blanco y hoy con Margarita González Saravia, la expectativa fue que este sistema respondiera a las necesidades más urgentes. En Cuernavaca ocurrió lo mismo con alcaldes como Jorge Morales, Cuauhtémoc Blanco, Antonio Villalobos y José Luis Urióstegui. Pero el balance es claro, la deuda con las mujeres persiste.
En el plano estatal, el DIF Morelos cuenta con María Elena Herrera Carbajal como presidenta honoraria. La dirección general ha atravesado cambios recientes: en noviembre de 2024 se designó a Andrés Bahena Martínez, en febrero de 2025 fue separado del cargo con el argumento de un ajuste de perfil, poco después apareció Mirsa Berenice Suárez Maldonado como titular en actividades oficiales y hacia septiembre de 2025 se presentó a Jorge Erik Alquicira Cedillo en ese mismo puesto. Estos movimientos confirman una etapa de ajustes en la conducción de la institución.
En Cuernavaca, Luz María Zagal Guzmán, hoy presidenta del DIF Cuernavaca y quien ocupó la dirección general del ICATMOR durante la administración de Graco Ramírez, encabeza el organismo junto con Mirna Mireya Delgado Romero en la dirección general, exregidora por el Partido Socialdemócrata de Morelos. Ambas representan una nueva etapa en la capital del estado, aunque los cuestionamientos hacia el papel del DIF no son recientes.
Las denuncias sociales ponen el acento en la corrupción en los juzgados familiares y en otras instancias que permiten y perpetúan abusos. El camino suele iniciar con denuncias anónimas por omisión de cuidado a menores, que pueden activar tanto el DIF municipal como el estatal y que muchas mujeres describen como una forma de intimidación, para luego escalar hacia resoluciones judiciales que entregan custodia a los agresores o entorpecen procesos de manutención.
Las protestas de agosto de 2025 en Cuernavaca visibilizaron esa cadena al exigir la aplicación de la Ley Vicaria y denunciar la actuación del Tribunal Superior de Justicia en casos de familia.
El peso desproporcionado sobre las madres
Las cifras reflejan la magnitud del problema; en México, tres de cada diez madres son jefas de hogar, lo que equivale a más de once millones de mujeres que sostienen solas a sus familias. En la capital morelense, casi cuatro de cada diez hogares están encabezados por mujeres, una proporción superior al promedio nacional. Según datos del DIF Cuernavaca y fuentes oficiales, más del 70 % de las madres solteras en Morelos enfrentan dificultades económicas para cubrir lo básico como alimentación, vivienda y educación de sus hijos.
El impacto es aún más profundo cuando se considera que tres de cada cuatro hijos de padres separados no reciben pensión alimenticia. A ello se suma el trabajo no remunerado de cuidados, que las mujeres cargan en promedio 39.5 horas semanales, frente a una menor participación de los hombres.
Esta brecha expone una realidad dura, mientras los hombres suelen conservar estabilidad financiera y conexiones institucionales, las madres cargan con la responsabilidad económica y emocional en medio de procesos legales que muchas veces las revictimizan.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos revisó en 2025 casos paradigmáticos de violencia vicaria en México, con víctimas que relataron cómo redes de poder y corrupción judicial las despojaron de la custodia de sus hijos. Aunque se trata de expedientes de alcance nacional, las protestas en Cuernavaca confirman que el fenómeno se vive también en Morelos y que el problema trasciende fronteras locales.
En un país donde el trabajo no remunerado de cuidados representa más de una cuarta parte del PIB y donde la mayoría de las madres solteras cargan solas con la manutención, el papel del DIF debería ser inequívoco: defender a la víctima, no revictimizarla. De ello depende recuperar la confianza ciudadana y devolverle al organismo su razón de ser.
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