La llamada “Ley Antimemes” abrió un nuevo debate en el Congreso por dos reformas impulsadas por la presidenta Claudia Sheinbaum que modifican las reglas sobre propiedad intelectual y contenidos digitales. Legisladores de oposición y organizaciones civiles cuestionan sus posibles efectos sobre la sátira y la libertad de expresión, mientras las iniciativas sostienen que buscan combatir engaños y proteger derechos de autor.
Las propuestas no establecen una prohibición general de los memes ni contemplan enviar a prisión a cualquier persona que publique uno. Sin embargo, una iniciativa plantea penas de tres a siete años cuando alguien utilice, reproduzca o imite, a escala comercial, la identidad gráfica de instituciones públicas con intención de inducir a error o engaño.
“Ley Antimemes” contempla penas de hasta siete años
La modificación a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial también contempla multas de mil a 10 mil UMA. Ricardo Anaya, coordinador del PAN en el Senado, advirtió que la redacción podría alcanzar parodias y pidió incorporar expresamente excepciones para periodistas y contenidos satíricos.
Caricaturistas también han expresado preocupación por los posibles alcances sobre la crítica política. El debate, por tanto, se concentra en si las condiciones de “escala comercial” e intención de engañar delimitan suficientemente la conducta sancionable.
Otra reforma apunta a proveedores de internet
La segunda iniciativa modifica la Ley Federal del Derecho de Autor. Esta propuesta establece responsabilidad secundaria para proveedores de internet ante determinadas infracciones cometidas por usuarios y exige una política para terminar el servicio a infractores reincidentes.
El proyecto no crea un delito denominado “meme” ni establece cárcel específicamente para sus creadores. Las consecuencias pueden surgir cuando fotografías, música, ilustraciones u otras obras protegidas se utilizan sin autorización y se configura una infracción de derechos de autor.
ARTICLE 19 cuestionó el proyecto porque considera que puede incentivar la retirada de contenidos y afectar la libertad de expresión. La iniciativa, por su parte, busca armonizar la legislación mexicana con compromisos internacionales y el T-MEC.
La discusión en Diputados, prevista inicialmente esta semana, fue aplazada sin una nueva fecha. Por ello, las modificaciones sobre responsabilidad de proveedores todavía no están vigentes y permanecen dentro del proceso legislativo.
