El alcalde de Tlaquiltenango, Enrique Alonso Plascencia, enfrenta una solicitud de destitución e inhabilitación por incumplir una sentencia judicial relacionada con los derechos laborales de una expolicía municipal. El Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) remitió el expediente al Congreso de Morelos para que determine las medidas correspondientes.
La resolución apareció en la edición 6,611 del Periódico Oficial Tierra y Libertad. El conflicto deriva de un juicio iniciado en 2022 y de una sentencia firme emitida en septiembre de 2024, cuyo cumplimiento continúa pendiente.
Congreso decidirá sobre el alcalde de Tlaquiltenango
El TJA determinó que las autoridades municipales incumplieron reiteradamente la resolución y no justificaron su desacato. Aunque la obligación económica proviene de administraciones anteriores, Alonso Plascencia asumió la responsabilidad institucional de atenderla cuando llegó al Ayuntamiento, el 1 de enero de 2025.
Debido a que ocupa un cargo de elección popular, el tribunal no puede destituirlo directamente. Por ello, envió el caso a la Mesa Directiva del Congreso, que deberá analizar si procede su separación del cargo e inhabilitación.
El procedimiento se fundamenta en el artículo 41 de la Constitución estatal y en disposiciones de la Ley Orgánica Municipal.
Antecedentes judiciales y acusaciones de persecución
Tras conocer el procedimiento, Alonso Plascencia denunció una presunta persecución política. También acusó a autoridades estatales de intentar fabricarle delitos y las responsabilizó de cualquier atentado en su contra.
Su trayectoria incluye otros episodios judiciales. En 2009 enfrentó una detención por presunto tráfico de personas en Chiapas. En 2018 lo detuvieron por su supuesta participación intelectual en un homicidio, aunque posteriormente recuperó la libertad por falta de elementos.
En septiembre de 2022 también enfrentó una detención relacionada con un vehículo con reporte de robo y la portación de un arma. En agosto de 2026 reconoció investigaciones federales en su contra.
Estos antecedentes no constituyen condenas por los hechos señalados ni determinan el resultado del procedimiento actual.
Por ahora, el Congreso tiene en sus manos la solicitud del tribunal. La destitución no es definitiva y dependerá de la revisión legislativa correspondiente.
