La Fiscalía de Morelos investiga a José David “N”, alias Güero Gym, por su posible participación en el secuestro de tres agentes ministeriales en Totolapan. El presunto integrante de Pueblos Unidos recuperó su libertad el 12 de octubre, después de que un grupo armado retuviera y agrediera a los funcionarios para exigir su liberación.
El caso expuso la capacidad de presión de una organización criminal señalada por operar en el oriente de Morelos. También dejó cuestionamientos sobre la respuesta de las autoridades, que terminaron negociando la libertad de un detenido para rescatar a su personal.
Fiscalía investiga al Güero Gym tras liberación en Totolapan
Luis Flores Barrios, titular de la Fiscalía de Investigación de Delitos de Alto Impacto, explicó que los agentes detuvieron a José David “N” alrededor de las 14:50 horas por posesión simple de narcóticos.
La captura ocurrió durante diligencias para recuperar un inmueble asegurado. Según la Fiscalía, el sospechoso no tenía órdenes de aprehensión vigentes y el delito detectado no ameritaba prisión preventiva oficiosa.
Aproximadamente 40 minutos después del operativo, las autoridades recibieron el reporte de la privación de libertad de tres colaboradores de la Agencia de Investigación Criminal.
Los captores exigieron entregar al detenido. La Fiscalía activó un protocolo de atención a secuestros y negoció su liberación.
Los agentes recuperaron su libertad alrededor de las 19:35 horas, con golpes, lesiones y heridas por arma de fuego. Uno requirió hospitalización.
La institución investiga a por lo menos diez personas, incluido José David “N”, por estos hechos.
Señalan expansión criminal y posibles vínculos políticos
Fuentes federales identifican al sospechoso como presunto operador de Júpiter Araujo Bernard, alias El Barbas, y lo relacionan con una estructura vinculada al Cártel del Pacífico.
Según esos testimonios, Pueblos Unidos mantiene influencia en municipios del oriente morelense y conexiones territoriales con localidades del Estado de México y Ciudad de México.
El especialista Ricardo Ravelo atribuye al grupo actividades como extorsión, secuestro, homicidio, venta de drogas y despojo de propiedades.
Las fuentes también señalan presuntos vínculos políticos durante la administración de Cuauhtémoc Blanco y mencionan a Ulises Bravo. Sin embargo, estas acusaciones no constituyen por sí mismas pruebas judiciales.
Omar García Harfuch reconoció que la detención fue imprevista y que el operativo carecía de suficientes elementos para contener la reacción criminal.
El funcionario prometió una nueva captura, mientras el fiscal Fernando Blumenkron Escobar aseguró que investigarán el secuestro.
Por ahora, las autoridades no han informado sobre detenciones relacionadas con la retención de los agentes ni han identificado públicamente a quienes ordenaron las agresiones.
