El Gobierno federal reconoció que parte de los medicamentos destinados a hospitales y centros de salud públicos termina en puntos de venta privados, incluso afuera de las propias instalaciones médicas. La situación ocurre mientras pacientes enfrentan problemas de desabasto y trabajadores del sector salud mantienen protestas.
Durante la conferencia presidencial del 20 de octubre, Eduardo Clark García Dobarganes, subsecretario de Salud, confirmó que las autoridades han documentado casos de sustracción y comercialización irregular de productos que deberían entregarse gratuitamente.
El funcionario calificó como especialmente grave que un paciente no encuentre su tratamiento en un hospital y después alguien intente vendérselo afuera. Sin embargo, evitó responsabilizar de manera generalizada a médicos, enfermeras y demás trabajadores de las instituciones públicas.
Investigan desvío de medicamentos desde hospitales públicos
Clark explicó que las autoridades investigan cómo salen estos productos de las unidades médicas y quiénes participan en su comercialización.
Algunos artículos aparecen a la venta pese a que sus empaques incluyen leyendas que los identifican como propiedad exclusiva del sector salud.
Ante esta situación, el Gobierno federal busca colocar advertencias más visibles en las cajas para que los pacientes identifiquen los tratamientos gratuitos y puedan denunciar su venta irregular.
El subsecretario también llamó a la ciudadanía a reportar estos casos ante las autoridades o mediante redes sociales.
Preparan sistema digital para rastrear cada tratamiento
La Secretaría de Salud trabaja en una estrategia de digitalización que permitirá conocer el origen, lote, distribución y destino de los productos adquiridos para hospitales públicos.
El seguimiento tendrá especial importancia en tratamientos de alto costo, pues algunas cajas superan los 200 mil pesos.
Con este sistema, las autoridades buscan detectar posibles desvíos y determinar en qué punto de la cadena de distribución desaparecen los insumos.
Aunque el Gobierno reconoce casos documentados, todavía no ha presentado una cifra general de productos sustraídos ni ha identificado públicamente a todos los responsables.
La admisión oficial también plantea cuestionamientos sobre los controles de almacenamiento y distribución, especialmente cuando los pacientes deben buscar por su cuenta tratamientos que deberían recibir sin costo.
Por ahora, el desafío no consiste únicamente en rastrear los medicamentos, sino en impedir que recursos destinados a la atención pública terminen convertidos en mercancía privada.
