La controversia por presuntas irregularidades en las contrataciones del Instituto Nacional Electoral (INE) pasó de los señalamientos periodísticos a una investigación oficial. La Auditoría Superior de la Federación (ASF) abrió una revisión que aumenta la presión sobre Guadalupe Taddei, mientras especialistas electorales plantean su posible salida del organismo.
El caso ocurre cuando el INE se prepara para organizar las elecciones de 2027. Además, la presidenta Claudia Sheinbaum exigió auditorías para esclarecer las sospechas, aunque evitó pedir directamente la renuncia de la consejera presidenta.
Investigan contratos y posibles vínculos de Guadalupe Taddei
La ASF inició una investigación de oficio por indicios de posibles conflictos de interés, colusión y triangulación de recursos en contrataciones del instituto.
La revisión ocurre después de que investigaciones periodísticas señalaran a siete empresas proveedoras de material electoral bajo escrutinio de la Unidad de Inteligencia Financiera.
Los cuestionamientos incluyen presuntos vínculos entre empresarios, proveedores y personas cercanas a la presidencia del INE.
Taddei ha defendido la legalidad de los procedimientos de contratación y anunció medidas para transparentar la información. Hasta ahora, las investigaciones no han establecido su responsabilidad por los hechos señalados.
Sheinbaum exige auditorías y crece debate sobre renuncia
La presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo que no debe existir ninguna sospecha de corrupción dentro del organismo electoral, pero dejó en manos de la consejera la decisión de permanecer en el cargo.
Ese mismo viernes, Taddei acudió a una reunión breve en la Secretaría de Gobernación. Aunque no trascendió el contenido del encuentro, su coincidencia con la controversia generó nuevas especulaciones políticas.
Mientras tanto, María Marván, expresidenta del entonces Instituto Federal Electoral, consideró que una salida voluntaria ayudaría a recuperar la credibilidad institucional.
El exconsejero Marco Antonio Baños también propuso valorar una licencia temporal, sin dejar de reconocer la presunción de inocencia de la funcionaria.
Otra posibilidad mencionada es el juicio político, aunque este procedimiento requiere condiciones jurídicas y actuaciones formales que van más allá de las denuncias públicas.
La eventual salida de la consejera también obligaría a resolver quién asumiría la presidencia del instituto y bajo qué mecanismo.
Por ahora, el futuro de Guadalupe Taddei permanece abierto. La investigación de la ASF y las decisiones institucionales serán determinantes para esclarecer los señalamientos, mientras crece la preocupación por la confianza ciudadana en el árbitro electoral.
