La exdiputada federal del PRI, Karla Ayala Villalobos, fue vinculada a proceso por abuso de autoridad, luego de que una investigación acreditara que exigió parte del salario de una colaboradora en la Cámara de Diputados a cambio de permitirle conservar su empleo.
La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo la resolución de un juez federal con sede en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México. Aunque enfrentará un proceso penal, la exlegisladora podrá permanecer en libertad, ya que el juzgador no consideró necesario imponer medidas cautelares.
Exigía 13 mil pesos mensuales a su colaboradora
De acuerdo con las investigaciones, la exdiputada, quien presidió la Comisión de Juventud de la Cámara de Diputados, exigía a una de sus asesoras la entrega mensual de 13 mil pesos, equivalentes a la mitad de su salario.
La víctima realizó las transferencias entre diciembre de 2021 y noviembre de 2022, bajo la condición de mantener su puesto de trabajo.
Sin embargo, las exigencias aumentaron en diciembre de 2022, cuando la entonces legisladora también solicitó la entrega íntegra del aguinaldo de su colaboradora como requisito para renovar su contrato.
La trabajadora se negó a entregar esa prestación y, posteriormente, la relación laboral terminó de manera anticipada por instrucciones de la exdiputada, según los antecedentes del caso.
Karla Ayala enfrentará proceso penal en libertad
Durante la continuación de la audiencia, celebrada el martes, el juez federal analizó los elementos presentados por la FGR y determinó que existían fundamentos suficientes para iniciar un proceso penal por abuso de autoridad.
La resolución no constituye una sentencia condenatoria, pero permite que continúe la investigación judicial sobre las exigencias económicas y las condiciones laborales denunciadas por la excolaboradora.
Actualmente, Ayala Villalobos ocupa la Secretaría de Vinculación con la Sociedad Civil del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, por lo que el procedimiento penal involucra a una integrante de la dirigencia nacional del partido.
Pese a la gravedad de los señalamientos, el juez determinó que no procedía imponer medidas cautelares. En consecuencia, la exdiputada continuará el proceso en libertad mientras las autoridades avanzan en el esclarecimiento de los hechos.
