En Morelos, un estado con una profunda tradición educativa y cultural, crece una amenaza silenciosa que mina la confianza de las familias: la proliferación de escuelas patito. Estos centros operan sin registro oficial, ofrecen certificados sin validez y ponen en riesgo el futuro académico de cientos de estudiantes. Lo que comenzó como una alternativa ante la falta de espacios en escuelas públicas hoy se ha convertido en un problema estructural con graves consecuencias sociales.
Padres de familia y docentes han denunciado que estas “instituciones” cobran colegiaturas elevadas, carecen de personal calificado y prometen grados escolares que la Secretaría de Educación no reconoce. Algunas funcionan en viviendas particulares, sin salidas de emergencia ni supervisión pedagógica. El problema se extiende por Cuautla, Jiutepec, Cuernavaca y otros municipios, donde la necesidad de educación accesible se mezcla con la desinformación.
La falta de control institucional ha permitido que muchos de estos espacios se multipliquen. Mientras tanto, decenas de jóvenes podrían perder años de estudio al descubrir que sus documentos no tienen validez oficial. En consecuencia, la frustración de padres y alumnos crece, y la desconfianza hacia el sistema educativo estatal se profundiza.
Educación en riesgo y un llamado urgente a la vigilancia
Las autoridades han emitido advertencias, pero las sanciones son escasas y las revisiones, tardías. Urge una estrategia conjunta entre gobierno, sociedad y comunidad académica que priorice la educación formal y proteja el derecho de las familias a una enseñanza legítima. De igual manera, los municipios deben fortalecer la difusión de los registros oficiales para evitar nuevos engaños.
Si este artículo te está gustando, podrías leer: Nombramiento TSJ Morelos causa críticas por nepotismo La educación ha sido históricamente el motor de desarrollo del estado, pero su descuido administrativo amenaza con apagar esa fuerza transformadora. Un dato reciente lo confirma: en la última revisión estatal, más del 15 % de los planteles privados inspeccionados no contaban con reconocimiento oficial, una cifra que enciende todas las alarmas.
