Las tensiones diplomáticas entre Perú y México alcanzaron un punto crítico tras el asilo otorgado por el Gobierno mexicano a Betssy Chávez, ex primera ministra del expresidente Pedro Castillo. La medida provocó que el Ejecutivo peruano anunciara la ruptura de relaciones diplomáticas, calificando el acto como “inamistoso” y “contrario a su soberanía”.
El canciller Hugo de Zela informó que la decisión responde a la posición de México frente a la situación judicial de Chávez, acusada de presunta rebelión y conspiración por su papel en el intento de autogolpe de Castillo en 2022. El presidente José Jerí respaldó la medida y pidió a la representante mexicana en Lima, Karla Ornela, abandonar el país en un plazo determinado.
México defiende el derecho al asilo diplomático
La Secretaría de Relaciones Exteriores de México lamentó la decisión peruana y defendió su postura bajo el artículo 11 de la Constitución mexicana, que ampara el derecho al asilo diplomático. En un comunicado, la cancillería señaló que Chávez es considerada una perseguida política desde su detención en 2023 y recordó que la ONU establece que el asilo no debe interpretarse como un acto inamistoso entre Estados.
La situación se inscribe en una relación ya desgastada. Desde el autogolpe fallido de Pedro Castillo, la postura del entonces presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, quien calificó la destitución de su homólogo peruano como un “golpe técnico”, tensó los vínculos bilaterales. El Congreso peruano incluso lo declaró persona non grata en 2023.
Por su parte, la actual mandataria mexicana Claudia Sheinbaum ha mantenido la línea política de su antecesor, absteniéndose de reconocer la legitimidad de la ex presidenta Dina Boluarte y reiterando su solidaridad con Castillo.
El conflicto diplomático se agrava en un contexto regional marcado por ideologías enfrentadas y disputas sobre soberanía y derechos humanos. Pese a la ruptura, Perú mantiene sus relaciones consulares con México, intentando preservar un canal mínimo de comunicación institucional.