Mujeres organizadas de Xochitepec frenan un proyecto minero para proteger el agua y la vida comunitaria en Morelos.
Proyecto minero queda detenido en Xochitepec por orden judicial

Proyecto minero queda detenido en Xochitepec por orden judicial

La organización comunitaria volvió a marcar un límite al proyecto minero en Morelos. Mujeres e infancias de la Unidad Habitacional Morelos, en Xochitepec, lograron una suspensión definitiva que detiene la explotación de oro y plata del proyecto Esperanza Silver, tras una batalla legal enfocada en la defensa del agua, la salud y la vida comunitaria.

El fallo judicial no representa aún una victoria total. La comunidad mantiene activo un juicio de amparo que busca cancelar seis concesiones mineras que abarcan miles de hectáreas en el sur del estado. Las demandantes solicitaron al Juzgado Segundo de Distrito en Morelos resolver con criterios ambientales estrictos y con perspectiva de género e infancia, al considerar que la amenaza persiste mientras las concesiones sigan vigentes.

Además, las organizaciones acompañantes explicaron que la Secretaría de Economía promovió recursos legales para revertir la suspensión. Esta respuesta institucional mantiene la tensión jurídica mientras el caso avanza en tribunales federales y escala al Segundo Tribunal Colegiado de Distrito en Morelos.

Proyecto minero enfrenta límites por agua y derechos colectivos

La defensa jurídica colocó al agua como eje central. Documentos oficiales concluyeron que no existe disponibilidad hídrica suficiente para sostener el proyecto minero sin afectar el derecho humano al agua. Autoridades ambientales determinaron que el agua subterránea de la zona se reserva para uso doméstico y urbano, lo que impide su asignación a actividades extractivas.

Asimismo, diagnósticos socioambientales emitidos desde 2023 señalaron riesgos graves para la biodiversidad, la salud pública y el patrimonio cultural. Estudios técnicos también alertaron sobre la presencia de metales pesados en el territorio, lo que agravaría los impactos en comunidades con carencias estructurales.

El dato final confirma la relevancia del caso. En 2025, el juzgado concedió la suspensión definitiva al considerar un riesgo de daño irreparable, una decisión que puede sentar precedente nacional en la defensa del territorio frente al extractivismo.

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