Víctor Mercado frente a la UAEM en investigación por contratos de seguridad con Hebron
La discusión sobre la seguridad en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) volvió al centro del debate público tras revelarse irregularidades en los contratos otorgados a la empresa Integradora de Sistemas en Seguridad Hebron, encargada de la vigilancia del campus. Documentos oficiales, contratos públicos y señalamientos difundidos desde 2023 apuntan a un entramado empresarial con vínculos políticos que ahora alcanza a la institución universitaria.
El tema se volvió aún más sensible tras el asesinato de la estudiante Kimberly Jocelin Ramos Beltrán, de 18 años, un caso que provocó protestas, marchas y exigencias de justicia dentro de la comunidad universitaria. En paralelo, estudiantes han denunciado asaltos recurrentes, zonas oscuras en los accesos y presunta presencia de narcomenudeo en el entorno del campus de Chamilpa, en Cuernavaca.
Pero la tragedia no se detuvo ahí. En menos de una semana asesinaron a otra estudiante de la máxima casa de estudios del estado. Karol Toledo Gómez, también de 18 años y alumna de la Escuela de Estudios Superiores de la UAEM, desapareció tras ser vista por última vez en Mazatepec. Posteriormente localizaron su cuerpo a un costado de la carretera Coatetelco–Miacatlán, en el paraje conocido como Las Minas de Arena.
Fueron campesinos de una comunidad indígena quienes localizaron el cuerpo y dieron aviso a las autoridades. Dos estudiantes universitarias asesinadas en cuestión de días han encendido una alarma profunda dentro de la comunidad universitaria morelense y han colocado nuevamente en el centro del debate la seguridad de las y los jóvenes en el estado.
En Morelos existen actualmente 2,041 personas desaparecidas o no localizadas, de las cuales 623 son mujeres. Esto significa que casi una de cada tres personas desaparecidas en el estado es mujer. Los datos provienen del seguimiento realizado por la organización civil Morelos Rinde Cuentas. A nivel nacional existen más de 121 mil personas desaparecidas y 25,574 son mujeres, lo que representa cerca del 21 %. En Morelos la proporción asciende al 31 %, lo que indica una crisis particular en la desaparición de mujeres.
En este contexto de violencia y preocupación social es donde surge otro elemento que obliga a revisar las decisiones administrativas dentro de la universidad. La UAEM mantiene contratos millonarios para la prestación del servicio de vigilancia con la empresa Integradora de Sistemas en Seguridad Hebron, constituida el 22 de septiembre de 2016 en Cuernavaca, Morelos, con un capital social mínimo de 50 mil pesos. El socio mayoritario es Jean Aoki Reyes Urióstegui, con una participación de 40 mil pesos, equivalente al 80 % del capital.
Su nombramiento aparece como gerente general en una escritura pública protocolizada ante la Notaría Pública número uno de Jiutepec. El objeto social de la empresa es extraordinariamente amplio: seguridad privada, instalación de sistemas de videovigilancia, CCTV, telecomunicaciones, desarrollo de software y hardware, inteligencia electrónica, además de proyectos de obra pública y desarrollo inmobiliario.
Es decir, no se trata únicamente de colocar guardias de seguridad.
En 2024 la universidad realizó la licitación LP08/2024. Participaron dos empresas. Una fue desechada y la adjudicación terminó en manos de Hebron. El contrato se firmó del 20 de junio de 2024 al 20 de marzo de 2025.
Posteriormente se firmó un nuevo contrato del 14 de mayo de 2025 al 14 de marzo de 2026 por un monto de 30,072,278.25 pesos, de acuerdo con documentos disponibles en la Plataforma Nacional de Transparencia. Si se divide esa cantidad entre los días del servicio, el costo diario ronda 82 mil pesos diarios.
El contrato establece un esquema de vigilancia permanente con presencia de elementos de seguridad las 24 horas del día, de lunes a domingo.
Los documentos del contrato señalan que el servicio contempla 110 guardias en turnos de 24 horas y 19 en turnos de 12 horas, con un sistema de relevos que eleva el número total operativo a 239 elementos de seguridad distribuidos en instalaciones universitarias.
Entonces surgen preguntas inevitable. ¿Qué amparan exactamente esos millones?,¿incluyen monitoreo efectivo de cámaras?, ¿control perimetral real?, ¿reportes sistemáticos de incidencia?
Tras el asesinato de Kimberly y el hallazgo del cuerpo de Karol, la comunidad universitaria volvió a exigir revisión de accesos y sistemas de videovigilancia. A esto se suma otro elemento que incrementa las interrogantes: la detención de Jared Alejandro “N”, señalado por presunta venta de drogas en el entorno universitario.
Si había actividad de narcomenudeo cerca de instalaciones universitarias, surge otra serie de preguntas incómodas: ¿La empresa encargada de la vigilancia no lo detectó?, ¿no lo reportó?, ¿no activó ningún mecanismo preventivo?
A la discusión de seguridad se suma un componente político. Jean Aoki Reyes Urióstegui ha sido señalado públicamente como cercano operador y presunto prestanombres del senador por Morelos Víctor Aureliano Mercado Salgado, conocido como “El Güero Mercado”.
La cercanía política no constituye delito automático. Pero cuando el propietario de la empresa que presta seguridad en una universidad pública mantiene vínculos con un senador en funciones y una red de empresas asociadas, el escrutinio público se vuelve inevitable.
Más aún cuando el capital social de la empresa es de apenas 50 mil pesos y los contratos alcanzan decenas de millones de pesos en recursos públicos.
Hay otro detalle que también llama la atención. La empresa se encuentra registrada en calle San Juan número 28, colonia Chapultepec, en Cuernavaca. Ese mismo domicilio y número telefónico aparecen asociados a la empresa Digital Teknon, dedicada a servicios de facturación y vinculada con los mismos propietarios.
La Universidad Autónoma del Estado de Morelos es una institución autónoma. Pero la autonomía no significa opacidad.
Cuando se pagan 30 millones de pesos por seguridad, cuando existen denuncias constantes de asaltos y narcomenudeo en el entorno universitario y cuando dos estudiantes han sido asesinadas en menos de una semana, la discusión deja de ser administrativa.
Se convierte en una discusión pública, política y ética. Y frente a ese escenario surge una pregunta inevitable para las autoridades universitarias y estatales:
¿Quién responde por la seguridad de miles de estudiantes que cada día cruzan el campus esperando regresar a casa?
La figura de Víctor Mercado tampoco ha estado exenta de polémica desde su paso por la Secretaría de Movilidad y Transporte de Morelos. Durante su gestión, organizaciones de transportistas y actores políticos denunciaron presuntas irregularidades en la asignación de concesiones y decisiones administrativas que generaron conflictos dentro del sector. En distintos momentos se acusó que las políticas de movilidad respondían más a equilibrios políticos que a una estrategia técnica de ordenamiento del transporte público.
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