El Botox y sus vínculos con la clase política de Morelos

El Botox y sus vínculos con la política de Morelos

Archivos de inteligencia militar revelan que El Botox, líder criminal originario de Michoacán, mantuvo vínculos directos con actores clave de la clase política de Morelos, incluidos funcionarios de alto nivel durante el sexenio de Cuauhtémoc Blanco.

César Alejandro Sepúlveda Arellano, alias El Botox, enfrentó su detención el 28 de agosto de 2018 en una vivienda del fraccionamiento Maravillas, en Cuernavaca, por su presunta responsabilidad en un homicidio. La propiedad pertenecía a Samuel Sotelo Salgado, operador político cercano a Blanco y después secretario de Gobierno del estado.

Captura, liberación y protección política de El Botox

Documentos de la Secretaría de la Defensa Nacional, filtrados por el colectivo Guacamaya, ubican la detención dentro de un contexto de colusión entre autoridades municipales, estatales y grupos criminales. Los informes señalan directamente a Sotelo como propietario del inmueble donde agentes capturaron a El Botox, sin que las autoridades ofrecieran una explicación pública.

Pese a la gravedad de los señalamientos, Sepúlveda Arellano recuperó su libertad en menos de dos años. Para 2020, la inteligencia militar lo clasificó nuevamente como “objetivo prioritario”, ya activo en Michoacán y difundiendo audios donde se proclamó jefe criminal en la región de Buenavista.

Red criminal y expansión familiar

Los archivos militares describen a El Botox como integrante de una dinastía criminal. Desde 2016 coordinó bloqueos, incendios y extorsiones para organizaciones como Los Viagras y, más tarde, Los Blancos de Troya. Su estructura extendió el control a actividades económicas ilegales, incluida la extorsión a productores agrícolas y la comercialización forzada de mercancías.

En años recientes, fuerzas federales detuvieron a su hijo, a su hija, a su hermano y a otros familiares directos, todos vinculados con organizaciones criminales activas en Michoacán y con conexiones en Morelos.

Los documentos exponen un patrón reiterado de impunidad, protección política y reincidencia delictiva que confirma la infiltración del crimen organizado en estructuras de gobierno locales.