El debate por la nueva Ley de Movilidad mantiene abiertas tensiones en Morelos. El secretario de Gobierno convocó a los transportistas a mantener el diálogo institucional, mientras los amparos promovidos contra la norma continúan su curso en tribunales federales.
La ley fue aprobada por el Congreso local en noviembre de 2025 y plantea cambios estructurales al modelo de transporte público. La reforma incorpora plataformas digitales, criterios de Visión Cero y un rediseño del esquema de concesiones.
Secretario de Gobierno defiende proceso legal y diálogo abierto
El secretario de Gobierno, Edgar Maldonado, afirmó que el Ejecutivo estatal respetará las resoluciones judiciales derivadas de los amparos presentados. También sostuvo que el diálogo con el sector transportista permanece abierto y sin ruptura.
Además, explicó que los concesionarios acudieron a juzgados de Distrito para impugnar el cambio del modelo Hombre Camión al esquema Empresa Camión. Los inconformes consideran que esta transformación pone en riesgo sus concesiones individuales.
Asimismo, Maldonado señaló que la ley se aprobó dentro de las atribuciones constitucionales del Poder Legislativo. En consecuencia, el Ejecutivo dará seguimiento a las determinaciones judiciales y mantendrá coordinación con el Congreso del Estado.
Transportistas cuestionan el nuevo modelo de movilidad
Por otro lado, dirigentes del transporte advirtieron que el modelo Empresa Camión no ha funcionado en otras entidades. Argumentaron que obligar a concesionarios a constituirse como empresas genera incertidumbre operativa y financiera.
De igual manera, la nueva ley reconoce la movilidad como un derecho humano. También integra servicios mediante plataformas digitales y regula modalidades como mototaxis y bicitaxis, con límites a su crecimiento y criterios de profesionalización.
La legislación incorpora el esquema Ruta Empresa, que concentra concesiones en personas morales para garantizar mantenimiento, renovación de flotas y sostenibilidad financiera, eliminando figuras tradicionales como los checadores.
Registros legislativos indican que la aplicación de la ley avanzará de forma gradual, sujeta a resoluciones judiciales y a mesas de diálogo con el sector transportista.
