El transporte público en Morelos atraviesa una crisis profunda que impacta de forma directa a quienes lo usan todos los días. Miles de personas dependen de este servicio para llegar a su trabajo, a la escuela o a citas médicas, pero reciben a cambio un sistema deteriorado, inseguro y cada vez más caro.
Desde hace años, el problema se arrastra sin solución real. Gobiernos estatales y concesionarios se responsabilizan mutuamente mientras el servicio empeora. Durante la actual administración encabezada por Margarita González Saravia, el debate volvió a estallar ante la exigencia de los transportistas de aumentar la tarifa mínima hasta en un 50 por ciento, sin que exista una mejora visible para los usuarios.
Transporte público sin mejoras pese a exigencias de alza
El dirigente transportista Dagoberto Rivera Jaimes defendió públicamente el aumento al pasaje y, a través de redes sociales, afirmó que el gremio es tratado con desprecio. También recordó que los transportistas prestaron servicio durante emergencias como la pandemia y contingencias naturales. Sin embargo, ese discurso ignora el fondo del problema.
Resulta insostenible que los concesionarios se presenten como víctimas cuando el transporte público opera con unidades en condiciones precarias, rutas saturadas y prácticas que ponen en riesgo la seguridad. Usuarios reportan de forma constante carreras entre choferes, exceso de pasajeros, malos tratos, choques por exceso de velocidad y la negativa a respetar descuentos obligatorios para adultos mayores.
Además, organizaciones sociales y la Federación Universitaria de Estudiantes de Morelos han advertido que un incremento de esta magnitud golpea de forma directa a la economía familiar, en un estado donde el costo de vida y los combustibles continúan al alza.
Por otro lado, el gobierno estatal tampoco ha definido una estrategia integral. La falta de supervisión efectiva, la ausencia de renovación de unidades y la inexistencia de un modelo de subsidios claros mantienen al sistema en una condición crítica. Urge que autoridades y concesionarios asuman responsabilidades concretas y coloquen al usuario en el centro de la política pública.
De acuerdo con datos recientes del INEGI, más del 60 por ciento de los usuarios del transporte en la entidad perciben el servicio como inseguro, una cifra que resume la magnitud del problema.
