Detienen al Capitán Sol tras más de 300 días de búsqueda
Miguel Ángel Solano Ruiz, identificado como Capitán Sol o Mike, fue detenido en Zapopan, Jalisco, después de permanecer casi un año prófugo. Las autoridades lo señalan como uno de los principales operadores de la presunta red de contrabando de combustibles investigada dentro de la Marina.
La captura ocurrió durante un cateo en un inmueble del fraccionamiento Villa Verona. La Secretaría de Marina informó que su localización requirió más de 300 días de labores de inteligencia y rastreos que alcanzaron domicilios en países como Francia, Grecia, Mónaco y España.
Solano Ruiz, de 48 años y militar retirado, aparece en la investigación como presunto intermediario de los hermanos Farías Laguna, sobrinos políticos del exsecretario de Marina Rafael Ojeda Durán.
Un testigo protegido identificado como Santo declaró que Solano presuntamente reclutaba marinos retirados y en activo para incorporarlos al entramado. También habría utilizado contactos para colocar personas en posiciones estratégicas de aduanas marítimas de Tampico, Altamira, Ensenada y Guaymas.
La FGR sostiene que la estructura introducía hidrocarburos sin cubrir los impuestos correspondientes. Solano habría coordinado comunicaciones y presuntos sobornos entre integrantes de la red y servidores públicos.
Las autoridades consideran a Solano Ruiz el último integrante pendiente de captura de la organización denominada Los Primos dentro de esta investigación.
El militar ocupó cargos relacionados con inteligencia y el cuartel general del Alto Mando antes de retirarse en 2018, cuando recibía una pensión de aproximadamente 18 mil pesos.
Las indagatorias también detectaron gastos superiores a 52 millones de pesos en apuestas. Casinos e hipódromos generaron alrededor de 400 avisos relacionados con sus operaciones. Además, los investigadores identificaron ocho inmuebles en Veracruz y Ciudad de México valuados en más de 13 millones de pesos.
Tras su captura, las autoridades trasladaron a Solano Ruiz a Ciudad de México y posteriormente al penal federal del Altiplano. Un juez deberá determinar su situación jurídica por las imputaciones relacionadas con el presunto contrabando de combustibles.
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