A 12 años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, las familias siguen sin conocer qué ocurrió con los estudiantes durante la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014 en Iguala. Amnistía Internacional advirtió que persisten documentos militares sin entregar y líneas de investigación que todavía no ofrecen respuestas definitivas.
Uno de los principales reclamos apunta a información generada por el Centro Regional de Fusión de Inteligencia (CRFI) de Iguala. Las familias y el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) han solicitado cientos de folios relacionados con las actividades de inteligencia realizadas durante aquellos hechos.
Ayotzinapa mantiene pendiente la apertura de archivos militares
Amnistía Internacional señaló que un juzgado federal ordenó entregar información del CRFI mediante una resolución relacionada con el amparo 1350/2023. Sin embargo, la organización sostiene que las Fuerzas Armadas todavía mantienen documentación pendiente.
El GIEI ya había advertido al concluir su trabajo en 2023 que recibió información incompleta. Entre los asuntos pendientes mencionó documentos sobre el monitoreo realizado en Iguala, las actividades de los estudiantes y acontecimientos ocurridos después de los ataques.
Videos borrados mantienen abierta otra línea de investigación
Otro punto señalado por Amnistía Internacional corresponde a los videos de las cámaras del Palacio de Justicia de Iguala. La organización pide esclarecer su eliminación y determinar las responsabilidades correspondientes.
La investigación ha registrado nuevos movimientos durante 2026. El exgobernador Ángel Aguirre quedó vinculado a proceso en agosto dentro de una investigación relacionada con la desaparición de evidencia, aunque el procedimiento continúa y no existe una sentencia en su contra.
Amnistía también señala como pendientes las extradiciones de Tomás Zerón, exdirector de la Agencia de Investigación Criminal y actualmente en Israel, y Ulises Bernabé, exjuez de barandilla de Iguala. La organización considera que ambos podrían aportar información relevante.
Doce años después, el paradero de los estudiantes continúa sin esclarecerse plenamente. Las familias mantienen como demandas centrales conocer la verdad, localizar a sus hijos y establecer las responsabilidades de quienes participaron en los hechos.
