El Gobierno federal presentó Olinia como el proyecto que colocaría a México en la carrera de los vehículos eléctricos. Sin embargo, documentos oficiales y registros mercantiles han despertado dudas sobre la asignación de uno de los contratos más importantes de esta iniciativa.
La controversia se concentra en Rocketel S.A.P.I. de C.V., empresa que obtuvo una adjudicación directa superior a cinco millones de pesos para diseñar y participar posteriormente en la fabricación del prototipo de Olinia. El cuestionamiento surge porque la compañía desarrolla actividades relacionadas con telecomunicaciones y tecnología, no con la fabricación de automóviles.
Contrato de Olinia genera dudas sobre capacidad técnica
El acta de fallo emitida por la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación muestra que Rocketel obtuvo el contrato C-73/2025-DGRMSG por 5 millones 86 mil 206 pesos antes de IVA.
El documento señala que la empresa deberá prestar el “Servicio Integral para el Diseño, y en su Momento Fabricación de Prototipo de Mini Vehículo Eléctrico Olinia”, incluyendo la conceptualización y planeación del proyecto.
Sin embargo, registros del Registro Público de Comercio indican que Rocketel se constituyó en 2013 con actividades enfocadas en telecomunicaciones, informática, procesamiento de información y servicios tecnológicos. La documentación consultada no muestra experiencia específica en diseño automotriz, ingeniería vehicular o manufactura de vehículos eléctricos.
Falta de transparencia alimenta cuestionamientos
Además, las autoridades eligieron a Rocketel mediante un procedimiento de adjudicación directa. Esta decisión ha provocado críticas sobre los criterios que utilizaron para seleccionar a la empresa encargada de una iniciativa que el propio gobierno considera estratégica.
Por otro lado, diversos analistas y observadores cuestionan la escasa información pública disponible sobre pruebas de seguridad, especificaciones técnicas, cronogramas de producción y estudios de viabilidad. Asimismo, las dependencias involucradas han limitado el acceso a parte de esa información bajo el argumento de proteger una supuesta ventaja competitiva.
El caso adquiere mayor relevancia porque el Gobierno presentó Olinia como un símbolo del desarrollo tecnológico nacional. Cuando las autoridades destinan recursos públicos a un proyecto de esta magnitud, la transparencia debe acompañar cada etapa del proceso. Más allá de las promesas oficiales, siguen sin aclararse los criterios que llevaron a elegir a una empresa sin trayectoria conocida en la industria automotriz para una tarea que exige capacidades altamente especializadas.
