Fiscal de la FGR enfrenta denuncia en Veracruz
El fiscal federal Mauricio Alexandro Rosales García fue denunciado junto con dos agentes ministeriales por presunto abuso de autoridad y delitos contra la administración de justicia. El conflicto deriva del aseguramiento de un helipuerto y siete aeronaves pertenecientes a Agrogema Agro.
La denuncia fue presentada ante el Órgano Interno de Control y la Fiscalía Especializada de Asuntos Internos. También señala a los agentes Carlos Manuel Pérez Solís y Andrea Jahel González Castillo. La empresa sostiene que los funcionarios han impedido la liberación de sus bienes.
La FGR aseguró en enero el “Helipuerto Ing. David Torres”, ubicado en Medellín de Bravo, Veracruz. También quedaron bajo resguardo seis helicópteros y una avioneta utilizados por Agrogema Agro para trabajos de fumigación agrícola.
Omar Pérez Gómez, apoderado legal de la compañía, aseguró que las instalaciones funcionan desde marzo de 2021 y cuentan con permisos aeronáuticos. Además, destacó su cercanía con el aeropuerto internacional de Veracruz y una base naval.
Los representantes legales afirman que, después de ocho meses, desconocen si la empresa figura como imputada, víctima o parte ofendida. También denuncian que no han podido consultar la carpeta de investigación pese a los amparos promovidos.
La compañía estima pérdidas superiores a 40 millones de pesos debido a la inmovilización de sus aeronaves y operaciones.
Jorge Reyes Peralta, abogado de Agrogema Agro, anunció que buscarán reclamar daños materiales y morales. También pidió que Rosales García solicite licencia mientras se investiga su actuación.
De acuerdo con los representantes de la empresa, una denuncia anónima originó la investigación. Las autoridades habrían realizado posteriormente vuelos con drones en los que supuestamente detectaron personas armadas. La defensa afirma que esas imágenes no les han sido mostradas.
Latinus reportó haber tenido acceso a videos donde elementos de seguridad aparentemente intentan impedir que cámaras registren el operativo.
El conflicto escaló después de que la defensa anunciara que denunciaría a los funcionarios. Según Reyes Peralta, el 17 de agosto el fiscal judicializó la carpeta y David Reyes Quintana, propietario de la empresa, fue citado para comparecer el 4 de noviembre ante un juez federal en Emiliano Zapata.
La defensa interpreta esa decisión como una reacción a la denuncia. Sin embargo, esa afirmación corresponde a los abogados y deberá ser determinada por las instancias competentes.
El procedimiento interno deberá establecer ahora si existieron irregularidades atribuibles a los funcionarios. Mientras tanto, Agrogema Agro calcula que ocho meses de aseguramiento han generado un detrimento patrimonial superior a 40 millones de pesos.
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