La Fiscalía General de la República (FGR) inició diligencias en oficinas del INE para investigar presuntas irregularidades en contratos públicos y posibles actos de corrupción durante la gestión de Guadalupe Taddei, quien renunció a la presidencia del organismo en medio de los señalamientos.
Las actuaciones comenzaron el miércoles 11 de noviembre en instalaciones administrativas de la Ciudad de México. Los agentes federales solicitaron documentación relacionada con contrataciones y procedimientos internos, mientras el organismo electoral confirmó que continuará colaborando con las investigaciones.
Fiscalía revisa contratos y oficinas del INE
Las diligencias se realizaron en las oficinas centrales del instituto y en la Torre Zafiro, ubicada en Periférico Sur 4124, en Jardines del Pedregal, donde funciona la Dirección Ejecutiva de Administración.
En este último inmueble, los investigadores ingresaron a por lo menos dos pisos para revisar áreas de la Subdirección de Adquisiciones y la Dirección de Recursos Materiales y Servicios.
Esta última dependencia estuvo encabezada hasta el 27 de octubre por Mario Alfonso Burciaga Esparza, uno de los exfuncionarios mencionados en grabaciones de reuniones con el proveedor José Alfredo Hernández Casillas.
En las oficinas centrales, la Fiscalía solicitó información a la Secretaría Ejecutiva, mientras que en Torre Zafiro revisó archivos relacionados con la administración de recursos materiales.
En las actuaciones participaron agentes de las fiscalías especializadas en delitos electorales y delincuencia organizada.
La presidenta interina del instituto, Blanca Cruz García, confirmó las diligencias y explicó que las autoridades federales pueden solicitar contratos, acuerdos, oficios y documentación sobre los procedimientos de contratación.
Estas revisiones buscan identificar qué áreas participaron en las operaciones, quién autorizó los procedimientos y cuál fue el destino de los recursos involucrados.
Investigan posibles delitos y revisan ruta del dinero
La investigación comenzó después de que el organismo electoral anunciara, el 6 de noviembre, la presentación de una denuncia ante la FGR para esclarecer posibles irregularidades, sin limitar las responsabilidades a determinados funcionarios, cargos o periodos.
Entre las conductas que podrían investigarse se encuentran ejercicio abusivo de funciones, uso ilícito de atribuciones, tráfico de influencias, cohecho y peculado.
Las diligencias penales se desarrollan de manera paralela a las revisiones administrativas del Órgano Interno de Control (OIC) y la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
Blanca Cruz señaló que las auditorías forenses pueden incluir la revisión de documentos digitales y copias de archivos para reconstruir los procedimientos de contratación y verificar la ruta del dinero.
También explicó que algunas consejerías solicitaron información sobre las actuaciones, debido a que no recibieron aviso previo suficiente. Precisó que la Fiscalía puede presentar nuevos requerimientos conforme avance la investigación.
Hasta el momento, la oficina que ocupaba Guadalupe Taddei no ha sido requerida para una revisión, según informó la presidenta interina.
La funcionaria reconoció que todavía no existe una fecha para concluir las diligencias y aseguró que el INE continuará proporcionando la documentación solicitada por las autoridades federales.
