El Gobierno de México anunció la construcción de seis nuevas cárceles para enfrentar la sobrepoblación penitenciaria, una crisis que también afecta gravemente a Morelos, donde los centros de reclusión albergan aproximadamente el doble de personas de las que pueden recibir.
La decisión llega después de los hechos violentos registrados en el penal El Castillo, en Mazatlán, Sinaloa, donde un motín y una pelea dejaron 12 muertos, entre ellos un niño de dos años que se encontraba de visita.
Nuevas cárceles ofrecerán más de 18 mil espacios
El secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, informó que los nuevos centros penitenciarios tendrán una capacidad conjunta de 18 mil 480 personas y estarán ubicados en Sinaloa, Chiapas, Veracruz, Estado de México, Nayarit y Sonora.
El proyecto contempla sistemas de vigilancia, bloqueo de señales telefónicas y módulos diferenciados según el nivel de riesgo de los internos.
La primera construcción comenzará en Sinaloa, donde las autoridades proyectan habilitar 2 mil 640 espacios adicionales.
La presidenta Claudia Sheinbaum reconoció que las más de 70 mil detenciones realizadas durante su administración aumentaron la presión sobre el sistema penitenciario.
Actualmente, 157 de los 275 centros de reclusión del país registran sobrepoblación, con aproximadamente 42 mil personas por encima de su capacidad.
Morelos enfrenta sobrepoblación sin una solución anunciada
Aunque Morelos figura entre las entidades con graves problemas de hacinamiento, no aparece en la lista de estados que recibirán los nuevos penales.
La situación también resulta crítica en el Estado de México, donde 38 mil 361 personas ocupan instalaciones diseñadas para 14 mil 481. En Nayarit, la población penitenciaria alcanza 3 mil 908 internos frente a una capacidad de mil 173.
Organizaciones civiles advierten que construir más instalaciones no resolverá por sí solo la crisis. Exigen mejorar los penales existentes, contratar custodios y combatir el control que ejercen grupos criminales.
El gobierno federal también analiza mecanismos legales para agilizar la liberación de personas encarceladas por delitos menores o que permanecen sin sentencia.
Sin embargo, especialistas cuestionan la efectividad de estas medidas mientras persistan las deficiencias judiciales y las políticas que amplían la prisión preventiva.
Para Morelos, el anuncio federal deja una preocupación concreta: la entidad enfrenta una grave saturación penitenciaria, pero todavía no figura entre las beneficiarias de la nueva infraestructura.
