Una investigación presentada por el Gobierno de México relaciona a la diputada priista Paola Gárate con personas vinculadas al entorno del Cártel de Sinaloa. Los señalamientos surgieron durante la conferencia matutina del 16 de junio, donde autoridades federales también abordaron las amenazas denunciadas por la legisladora.
Integrantes del Gabinete de Seguridad informaron que realizaron evaluaciones de riesgo sobre el caso de la diputada sinaloense. Además, señalaron que existió coordinación con autoridades estatales para darle seguimiento a los incidentes reportados por la propia funcionaria.
Paola Gárate aparece en investigación federal
De acuerdo con la información expuesta por autoridades federales, Paola Gárate asistió en agosto de 2016 al bautizo del hijo de María Gracia Álvarez Valdez y José Omar Ortiz Vega.
Las investigaciones identifican a Ortiz Vega como hermano de Julio “N”, alias “El Kevin”, quien fungió como escolta de Aureliano Guzmán, hermano de Joaquín “El Chapo” Guzmán. Asimismo, el informe recuerda que “El Kevin” murió en marzo de 2017 tras diversos episodios relacionados con grupos criminales que operaban en Sinaloa.
Por otro lado, el Gobierno aclaró que la asistencia de la legisladora a ese evento forma parte de los elementos considerados dentro de las investigaciones realizadas por las autoridades federales.
Diputada reclama protección tras amenazas
La legisladora sostiene que ha sido víctima de diversos actos de intimidación durante los últimos años. Entre ellos menciona el episodio ocurrido en octubre de 2025, cuando un hombre armado subió a su vehículo y la amenazó sin pronunciar palabra.
Además, Paola Gárate aseguró que presentó denuncias desde el primer momento y cuestionó declaraciones oficiales que, a su juicio, no reflejan correctamente los antecedentes de su caso.
También afirmó haber sido privada de la libertad antes de las elecciones intermedias de 2021. A ello sumó la reciente aparición de una corona fúnebre y otros incidentes que considera suficientes para justificar medidas especiales de protección.
Mientras las autoridades mantienen abiertas sus líneas de investigación, la diputada exige mayores garantías de seguridad y cuestiona los criterios utilizados para determinar los niveles de riesgo. El caso permanece bajo seguimiento debido a la gravedad de los señalamientos expuestos por el Gobierno federal.
