Las madres buscadoras Margarita López y Brenda María Valenzuela promovieron un juicio de amparo contra la Fiscalía General de la República (FGR) y las 32 fiscalías estatales por presuntas omisiones que impiden el funcionamiento pleno del Banco Nacional de Datos Forenses.

Las denunciantes sostienen que las autoridades incumplen su obligación de conectar en tiempo real los registros forenses del país. Esta situación, advierten, retrasa la identificación de restos humanos y prolonga la incertidumbre de miles de familias que buscan a sus desaparecidos.

Buscadoras denuncian fallas en el sistema nacional forense

El 7 de octubre, las madres presentaron su demanda ante juzgados federales en materia penal. Señalaron como autoridades responsables a la titular de la FGR, Ernestina Godoy Ramos; a la fiscal especializada en Derechos Humanos, Mariana Díaz Figueroa; y a los fiscales de las 32 entidades.

Las promoventes recordaron que desde diciembre de 2022 existen acuerdos para integrar los registros estatales al Banco Nacional de Datos Forenses.

Además, en mayo de 2023 las autoridades anunciaron el inicio de operaciones del sistema y del Registro Nacional de Personas Fallecidas No Identificadas y No Reclamadas.

Sin embargo, las demandantes aseguran que no existe información pública suficiente sobre su funcionamiento y que su página oficial permanece inoperante.

Falta de identificación prolonga sufrimiento de las familias

La ausencia de interconexión impide, según las denunciantes, comparar oportunamente información genética y otros datos forenses entre las fiscalías.

Como consecuencia, restos humanos que podrían corresponder a personas desaparecidas permanecen sin identificar en servicios médicos forenses o fosas comunes.

Las madres, quienes mantienen un plantón frente a instalaciones de la FGR en Ciudad de México, consideran que estas omisiones vulneran tanto el derecho a ser buscado como el derecho de las familias a obtener respuestas.

El nuevo recurso se suma al antecedente de Olimpia Montoya Juárez, quien busca a su hermano Marco Antonio, desaparecido en marzo de 2017.

En octubre de 2022, un juzgado federal le concedió un amparo que obligaba a la FGR a construir los instrumentos forenses establecidos por la legislación.

Pese a ese antecedente judicial, las nuevas demandantes sostienen que las autoridades todavía no garantizan la operación integral del sistema, indispensable para agilizar la identificación y entrega de restos a sus familiares.

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