La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, enfrenta cuestionamientos tras reconocer que sostuvo conversaciones con autoridades estadounidenses para recuperar la visa que Washington le revocó. En grabaciones difundidas recientemente, la mandataria plantea incluso la posibilidad de compartir información sensible obtenida en reuniones de seguridad.
El caso supera un problema migratorio personal. Por su cargo, Ávila participa en mesas donde autoridades federales y estatales analizan objetivos prioritarios, operativos y mapas criminales. Ofrecer esos datos para recuperar un beneficio individual contradice el discurso de soberanía que promueve el Gobierno de Claudia Sheinbaum frente a las presiones de Estados Unidos.
Marina del Pilar admite contactos con Estados Unidos
En los audios, la gobernadora asegura que mantuvo encuentros con autoridades estadounidenses y expresa temor ante una posible detención, extradición o congelamiento de cuentas por parte de la Oficina de Control de Activos Extranjeros.
También habla de entregar información de las mesas de seguridad. Posteriormente explicó que las conversaciones formaban parte de sus gestiones para recuperar la visa, necesaria, según su entorno, porque sus hijos estudian en Estados Unidos y su familia mantiene actividades a ambos lados de la frontera.
La explicación no elimina la gravedad del asunto. Una gobernadora no puede tratar información institucional como moneda de cambio para resolver un problema privado. Ávila tiene derecho a pedir explicaciones por la cancelación del documento, pero no a utilizar datos reservados a los que accede por su cargo.
Fuentes cercanas a Palacio Nacional señalaron que el Gobierno federal considera creíbles las versiones sobre funcionarios de Morena dispuestos a colaborar con Washington para protegerse. Aunque ninguna autoridad ha confirmado que Ávila entregó información, las grabaciones aumentaron las sospechas sobre sus contactos.
La disputa política agrava la crisis
La controversia ocurre en medio del enfrentamiento entre Ávila y el exgobernador Jaime Bonilla. La mandataria atribuye la cancelación de su visa a las acusaciones de vínculos criminales que su antiguo aliado difundió en su contra.
Durante una reunión impulsada por enviados de Claudia Sheinbaum, Ávila habría pedido a Bonilla que utilizara sus contactos políticos en Estados Unidos para ayudarla a recuperar el documento. Personas cercanas al exmandatario niegan que aceptara intervenir.
La gobernadora también anticipó que podrían aparecer nuevas grabaciones. Un exfuncionario de Bonilla afirma que existen cerca de 90 minutos de conversaciones.
El interés personal de una mandataria no puede colocarse por encima de la seguridad nacional. Ávila debe explicar con quién se reunió, qué información ofreció, si llegó a compartirla y bajo qué autorización actuó.
Lee también: Margarita pide ignorar medios ante crisis en el estado
