Mientras el Gobierno federal presentó México Canta como una estrategia para promover una cultura de paz entre los jóvenes, la primera edición del reality terminó convirtiéndose en un proyecto financiado con más de 77 millones de pesos del erario. La cifra contrasta con el discurso oficial de austeridad que ha acompañado a la actual administración.

Información obtenida mediante transparencia y publicada por El Universal revela que la Secretaría de Cultura destinó 77 millones 250 mil 763 pesos para la organización, producción y operación del concurso. Lejos de tratarse de un esfuerzo desarrollado principalmente por el sector público, la mayor parte del proyecto quedó en manos de empresas privadas contratadas para ejecutar prácticamente toda la logística del programa.

Los recursos cubrieron escenarios, equipo audiovisual, alimentación, hospedaje, transporte, coordinación técnica, protección civil y postproducción. Además, el contrato principal no despertó competencia real, ya que únicamente dos empresas participaron en la licitación convocada por la dependencia federal.

México Canta concentró millones en una sola licitación

Exo Films y Prestadora de Servicios Atenea obtuvieron el contrato más importante del reality. Aunque el monto inicial contemplaba un límite de 70 millones de pesos, posteriormente fue ampliado hasta superar los 77 millones finalmente ejercidos. Asimismo, ambas compañías ya habían recibido contratos de distintos gobiernos estatales antes de incorporarse a este proyecto federal.

Prestadora de Servicios Atenea incluso apareció de manera temporal en el padrón de proveedores sancionados de Coahuila por inconsistencias relacionadas con su domicilio fiscal. Aun así, posteriormente continuó obteniendo contratos públicos en otras entidades, de acuerdo con la documentación citada por la investigación.

El discurso oficial contrasta con el costo del reality

El Gobierno sostuvo que el concurso buscaba alejar a los jóvenes de contenidos vinculados con la violencia mediante la música. Sin embargo, el debate dejó de centrarse únicamente en ese objetivo cuando trascendió el costo de producción y la forma en que fueron asignados los contratos. La primera edición reunió a más de 15 mil aspirantes y alcanzó una audiencia superior a 11 millones de personas, pero también abrió cuestionamientos sobre la prioridad de destinar decenas de millones de pesos a un reality financiado con recursos públicos.

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