Alexander Pisa Metcalfe no solo comunicó el gobierno de Cuauhtémoc Blanco. Según denuncias y registros públicos, su paso por la Comunicación Social operó en una zona gris. Ahí, la prensa, las redes sociales y el dinero público se entrelazaron con la defensa política del poder. Ese historial no puede leerse aislado del contexto actual de Morelos. El estado enfrenta violencia contra mujeres, presión a periodistas y cuestionamientos constantes al uso de la comunicación institucional.
El antecedente más claro surge en 2016. En ese momento, cuando Cuauhtémoc Blanco ocupaba la alcaldía de Cuernavaca, Pisa Metcalfe ejercía como jefe de prensa. Excélsior documentó que bloqueó a reporteras “a empujones” para impedir que se acercaran al edil, cerrando el paso a cuestionamientos en un momento de alta tensión política. La nota menciona directamente a la periodista Violeta Luna, quien intentó cuestionar al alcalde y quedó fuera mientras el equipo le cerró el acceso. Ese episodio no fue solo logística: evidenció una forma de controlar quién pregunta y quién no.
Ese antecedente cobra otra dimensión al contrastarse con el caso de Estrella Pedroza. En 2020, la organización ARTICLE 19 documentó agresiones del gobierno de Morelos contra la periodista y señaló que la mayoría constituyeron violencia de género. En ese expediente, Pedroza relató que el entonces Director de Comunicación Social, identificado como Alexander Pisa, le ordenó hacerse a un lado cuando intentó cuestionar sobre feminicidios. Su testimonio fue contundente: ese tipo de trato, afirmó, nunca lo había visto aplicado a un hombre. La escena conecta con el episodio de 2016 y refuerza una línea clara: el bloqueo no es circunstancial, es reiterado.
Presión a periodistas en un entorno de violencia creciente
La presión hacia reporteras en Morelos no quedó en el pasado. En marzo de 2026, ARTICLE 19 documentó amenazas contra Verónica Bacaz Rojas, directora de Presente Morelos, después de que publicó señalamientos de nepotismo y corrupción contra Rafael Reyes Reyes. De acuerdo con el reporte, Bacaz recibió mensajes intimidatorios y su entorno familiar también fue alcanzado mediante el envío de imágenes acompañadas de frases misóginas. La periodista declaró posteriormente que enfrentó la primera amenaza desde el entorno de la gobernadora Margarita González Saravia y confirmó que presentó una denuncia ante la Fiscalía estatal.
El caso de Silvia Lozano refuerza ese patrón. La reportera de La Unión de Morelos y Radio Fórmula solicitó en enero de 2026 la intervención del Mecanismo Federal de Protección a Periodistas después de denunciar hostigamiento, violencia verbal y amedrentamiento por parte de Juanita Guerra y Anita Guerra. Estos hechos muestran un entorno donde la confrontación con mujeres periodistas no es aislada, sino constante y escalonada.
Este escenario ocurre en un estado donde las cifras sostienen la gravedad del contexto. El 24 de abril de 2026, El Sol de Cuautla reportó 34 asesinatos de mujeres en el primer trimestre del año; de ellos, solo ocho se clasificaron como feminicidios por la Fiscalía, mientras el resto quedó como homicidios dolosos. Morelos se mantuvo en 2025 como el primer lugar nacional en tasa de feminicidio, con 1.41 casos por cada 100 mil habitantes y 15 registros en los primeros meses del año. En paralelo, los casos de Kimberly Joselín Ramos y Karol Toledo, ambas de 18 años, muestran cómo la violencia impacta directamente a jóvenes en la entidad.
Comunicación Social, dinero público y control de narrativa
En este contexto, la Comunicación Social adquiere un peso distinto. El Financiero documentó que, durante la revisión del sexenio de Cuauhtémoc Blanco, autoridades detectaron convenios operados desde la Comisión Estatal del Agua con pagos superiores a los autorizados y dirigidos a medios afines al gobierno. En esa misma línea se menciona que Alexander Pisa operaba la Comunicación Social. Esa referencia permite dimensionar su alcance: no solo emitía información, también administraba relaciones, recursos y narrativa.
Los hechos acumulados sostienen una lectura más amplia. Pisa Metcalfe actuó como el vocero que cerró el paso a la prensa, enfrentó señalamientos por amenazas y presunto uso de cuentas falsas, participó en un entorno donde se cuestionó la asignación de recursos a medios afines y operó dentro de una estructura donde la Comunicación Social dejó de funcionar únicamente como canal informativo para convertirse en herramienta de defensa política. Su permanencia durante el sexenio de Cuauhtémoc Blanco, pese al desgaste del entorno, refuerza que su papel no fue periférico, sino central.
A este entorno se suma otro elemento que refuerza el contexto institucional. En el Ayuntamiento de Cuernavaca, la síndica Paula Trade Hidalgo enfrenta señalamientos públicos por un video difundido en redes sociales donde confronta físicamente a otra mujer. Este episodio se integra a un clima donde las conductas señaladas hacia mujeres dentro de estructuras de poder se repiten.
El regreso o permanencia de perfiles con este tipo de antecedentes no puede leerse como un movimiento administrativo más. En un estado donde las mujeres periodistas denuncian amenazas, condicionamiento económico, violencia verbal y trato diferenciado, cada nombramiento comunica algo más que una decisión operativa.
En Morelos, donde las mujeres enfrentan feminicidios, amenazas digitales, violencia política y agresiones contra periodistas, colocar en comunicación pública a un hombre señalado por apartar a reporteras no es un detalle menor: es un mensaje.
