Tras la renuncia de Guadalupe Taddei a la presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE), Morena abrió la posibilidad de revisar las facultades extraordinarias que le otorgó en 2024. La decisión surge en medio de señalamientos por presuntas irregularidades administrativas, conflictos de interés y vínculos de funcionarios con proveedores del organismo.
Hace dos años, legisladores morenistas modificaron el artículo 45 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE). Con ese cambio, la presidencia obtuvo la facultad de nombrar directamente a titulares de direcciones ejecutivas y unidades técnicas, sin necesitar la aprobación del Consejo General.
Los nombramientos de Guadalupe Taddei bajo cuestionamiento
Durante su gestión, la expresidenta realizó 17 nombramientos. Entre ellos figuraron antiguos colaboradores y personas con experiencia en administraciones encabezadas por Morena.
Roberto Carlos Félix, actual secretario ejecutivo, había trabajado con Taddei en el organismo electoral de Sonora. María Fernanda Romo Gaxiola fue su secretaria particular, mientras Rebeca Fernanda López Aguirre ocupó posteriormente la presidencia interina del instituto electoral sonorense.
También designó a Anahí Silva Tosca, exfuncionaria de gobiernos de Tabasco, y a Mario Alberto Alejo García, cuyo nombramiento en Fiscalización enfrentó cuestionamientos por su experiencia profesional.
Por otra parte, Jesús Octavio García dejó la Dirección Ejecutiva de Administración tras señalamientos de un posible conflicto de interés con la empresa proveedora Cajas Gras. Después de otros cambios, Liliana Díaz de León asumió esa área.
La nueva presidenta interina, Blanca Cruz García, confirmó además tres renuncias de funcionarios relacionados con la administración anterior: José Alberto Pérez de Acha, Iliana Hernández y Mario Alfonso Burciaga. Reportes periodísticos los vincularon con el proveedor Alfredo Hernández Casillas.
Morena y PRI discrepan sobre modificar la ley electoral
Ricardo Monreal, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, manifestó disposición para revisar las atribuciones concedidas a Guadalupe Taddei. Sin embargo, sostuvo que el inicio del proceso electoral de 2027 impide modificar actualmente la legislación.
Rubén Moreira, coordinador del PRI, rechazó esa interpretación. Argumentó que eliminar la facultad de nombramiento unilateral no alteraría las reglas fundamentales de la elección y, por tanto, podría discutirse.
Mientras tanto, Blanca Cruz adelantó que no utilizará esa atribución para realizar designaciones sin acuerdos. Su intención es privilegiar la unanimidad o, cuando no sea posible, alcanzar el consenso más amplio dentro del Consejo General.
Así, la discusión sobre los poderes otorgados a Guadalupe Taddei plantea una cuestión central para el organismo: si las decisiones sobre sus principales funcionarios deben concentrarse en la presidencia o regresar al acuerdo entre consejeros.
