Rocío Nahle negó que exista una persecución política detrás del desafuero solicitado contra los alcaldes de Ixhuatlán del Sureste y Úrsulo Galván, ambos de Movimiento Ciudadano. La gobernadora sostuvo que las investigaciones corresponden exclusivamente a la Fiscalía General del Estado y aseguró que un juez resolverá los casos con base en las pruebas que integren las autoridades.
La postura de la mandataria, sin embargo, llega en un contexto en el que la oposición acusa un uso selectivo de las instituciones de justicia. Movimiento Ciudadano sostiene que los procedimientos responden a motivaciones políticas y no únicamente a criterios legales, una acusación que Nahle rechazó de manera categórica.
Desafuero genera críticas por un presunto doble criterio
Durante una conferencia de prensa, Nahle afirmó que la Fiscalía realiza investigaciones técnicas y que su administración respeta el debido proceso sin intervenir en las decisiones ministeriales o judiciales.
“Esto no es político. Y si hubiera sido un alcalde de Morena, que es mi partido, o de cualquier otro, hubiera sido lo mismo”, declaró la gobernadora.
No obstante, esa explicación difícilmente despeja las dudas que han surgido en distintos sectores políticos. Desde hace varios años, la oposición ha cuestionado que las fiscalías y los gobiernos encabezados por Morena actúen con rapidez cuando las investigaciones involucran a políticos de partidos rivales, mientras que en casos relacionados con personajes cercanos al oficialismo el discurso suele centrarse en esperar más pruebas, respetar el debido proceso y evitar juicios anticipados.
Esa percepción ha acompañado expedientes que involucran a figuras como Rubén Rocha Moya, Marina del Pilar Ávila, Adán Augusto López o Enrique Inzunza. Aunque cada caso tiene circunstancias distintas y sigue su propio curso legal, las diferencias en el discurso político han alimentado cuestionamientos sobre la imparcialidad con la que se exige responsabilidad pública.
Rocío Nahle insiste en que la ley se aplica por igual
La gobernadora también negó que los alcaldes investigados hubieran recibido invitaciones para incorporarse a Morena antes de que iniciaran los procedimientos de desafuero.
Además, evitó pronunciarse sobre el contenido de las investigaciones para no interferir en las indagatorias y reiteró que cualquier persona que haya cometido un delito debe responder ante la justicia sin importar el partido al que pertenezca.
Hasta ahora, las autoridades no han informado oficialmente las causas de las solicitudes de desafuero. Sin embargo, versiones extraoficiales relacionan uno de los expedientes con el homicidio de la periodista Roxana Guzmán y el otro con una investigación por desaparición forzada.
Mientras el Gobierno de Veracruz insiste en que todo responde al trabajo de la Fiscalía, la controversia sigue abierta. Para la oposición, la coincidencia de estos procedimientos contra alcaldes de Movimiento Ciudadano fortalece la percepción de un uso político de la justicia, una crítica que Morena rechaza, pero que continúa presente cada vez que investigaciones de alto perfil alcanzan a adversarios y no generan la misma respuesta pública cuando involucran a personajes cercanos al partido gobernante.
