El debate sobre la violencia contra las mujeres en México sumó un nuevo capítulo con la aprobación en el Senado de una reforma constitucional que abre la puerta a la creación de una ley general de feminicidio. El cambio busca establecer criterios comunes en todo el país para atender este delito.
La iniciativa plantea una transformación en la forma en que se investiga y sanciona el feminicidio. Además, pretende reducir las diferencias legales entre entidades que han sido señaladas como un obstáculo en el acceso a la justicia.
Ley general de feminicidio busca homologar criterios en México
La diputada Melissa Montes de Oca se pronunció sobre este avance legislativo y destacó que la reforma permitirá construir un marco jurídico uniforme. Según explicó, esto facilitará la estandarización en la tipificación del delito, así como en los procesos de investigación y sanción.
Asimismo, indicó que la propuesta contempla mecanismos de atención integral para víctimas y sus familias. Entre ellos, se incluyen medidas dirigidas a hijas e hijos en situación de orfandad, así como acciones de prevención.
Además, el objetivo central es fortalecer las capacidades institucionales. Esto implicaría mejorar la coordinación entre autoridades y garantizar una respuesta más consistente frente a los casos de feminicidio.
Congreso de Morelos deberá armonizar legislación local
Por otro lado, Melissa Montes de Oca señaló que, una vez aprobada la ley en su totalidad, será necesario adecuar las legislaciones estatales. En ese contexto, el Congreso de Morelos tendría que alinear su marco jurídico con la nueva normativa nacional.
Asimismo, la legisladora mencionó que este proceso permitirá contar con herramientas más claras para prevenir y sancionar el feminicidio en el ámbito local.
De igual manera, hizo un llamado a que la discusión continúe en la Cámara de Diputados. El siguiente paso será definir los alcances finales de la ley general y su implementación en todo el país.
La aprobación en el Senado representa un avance en el proceso legislativo. Sin embargo, la efectividad de la futura ley dependerá de su aplicación y de la coordinación entre instituciones en los distintos niveles de gobierno.
