La Suprema Corte de Justicia de la Nación decidió renovar la flotilla de camionetas blindadas asignadas a los ministros, al considerar que las unidades heredadas de la administración anterior ya no cumplían con los estándares mínimos de seguridad. La decisión generó debate público debido a que ocurre en un contexto de medidas de austeridad aplicadas al Poder Judicial.
Durante los últimos días circularon en redes sociales imágenes que mostraban la llegada de nuevas camionetas blindadas a las instalaciones del máximo tribunal. Ante la difusión, la Suprema Corte de Justicia emitió un comunicado para explicar los motivos de la adquisición y defender la legalidad del proceso.
De acuerdo con la Corte, se compraron nueve camionetas blindadas Grand Cherokee de la marca Jeep con el objetivo de garantizar condiciones adecuadas de protección para los ministros. La institución señaló que la evaluación técnica determinó que las unidades previas resultaban obsoletas y que su uso representaba un riesgo operativo.
Suprema Corte de Justicia justifica compra por razones de seguridad
El máximo tribunal sostuvo que la decisión contó con opiniones técnicas de autoridades federales especializadas en seguridad. Estas evaluaciones concluyeron que las camionetas anteriores ya no cumplían con los niveles requeridos de protección balística y confiabilidad mecánica.
Asimismo, la Suprema Corte de Justicia explicó que la renovación se realizó conforme a la normatividad interna vigente desde 2019. Dichas reglas establecen que los vehículos destinados a funciones de seguridad deben renovarse cada cuatro años o antes, cuando las condiciones del automotor se consideren inseguras.
La Corte también afirmó que la operación no incrementó el gasto total en parque vehicular. Para compensar la adquisición, la institución vendió un número mayor de vehículos respecto a los comprados, como parte de un ajuste administrativo.
Hasta el momento, la Suprema Corte de Justicia no ha informado el monto exacto de la inversión realizada ni el costo unitario de las camionetas. No obstante, reiteró que la decisión respondió exclusivamente a criterios de prevención y seguridad institucional, y no a consideraciones discrecionales.
