La seguridad pública en Morelos enfrenta una etapa crítica marcada por investigaciones federales que alcanzan directamente a autoridades municipales. En el estado, al menos cinco alcaldes se encuentran bajo indagatoria de la Fiscalía General de la República, en un contexto de denuncias ciudadanas y señalamientos por posibles vínculos con la delincuencia organizada.
El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Morelos, Miguel Ángel Urrutia Lozano, confirmó que la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada mantiene abiertas carpetas relacionadas con servidores públicos de la zona oriente. Asimismo, explicó que el gobierno estatal trabaja de forma coordinada con instancias federales dentro de la Mesa de Paz y Seguridad.
Además, el funcionario adelantó que los avances en estas investigaciones podrían reflejarse en el corto plazo. Señaló que muchas de las indagatorias se originan en denuncias directas de la población, vinculadas con omisiones graves en funciones básicas de gobierno municipal.
Denuncias ciudadanas y omisiones en funciones de gobierno
De acuerdo con Urrutia Lozano, existen señalamientos contra alcaldes que no fortalecen a sus corporaciones policiales, carecen de mandos certificados, omiten la clausura de giros irregulares o evitan la coordinación institucional. Estas conductas, explicó, generan condiciones que permiten sospechas de colusión con grupos criminales que operan en la entidad.
Asimismo, reconoció que las denuncias no provienen únicamente de instancias oficiales, sino que representan un reclamo social constante ante la falta de resultados en materia de seguridad y gobernabilidad local.
Alcaldes con protección especial por amenazas
En contraste, el secretario informó que al menos cuatro alcaldes cuentan actualmente con esquemas de seguridad estatal y federal debido a amenazas directas o ataques armados. El caso más reciente corresponde al presidente municipal de Temoac, Valentín Lavín Romero, quien sufrió una agresión armada a finales de enero.
Tras el ataque, autoridades realizaron un estudio de riesgo para definir medidas de protección personal permanente, priorizando la integridad física del edil mientras avanzan las investigaciones ministeriales.
El panorama refleja una presión creciente sobre los gobiernos municipales, donde la seguridad, la rendición de cuentas y la coordinación institucional se han convertido en factores determinantes para la estabilidad política en Morelos.
