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ASF revela desvíos en gobierno de Cuauhtémoc Blanco

ASF detecta desvíos millonarios en Morelos

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó presuntas irregularidades por más de 230 millones de pesos en fondos federales entregados al gobierno de Cuauhtémoc Blanco en Morelos. Los hallazgos se concentran en programas de salud, educación e infraestructura, según el Informe de Auditoría 2024.

El caso más grave recae en los Servicios de Salud de Morelos, donde no se comprobó el uso de 148 millones de pesos otorgados por el IMSS-Bienestar. Dichos recursos estaban destinados a la compra de medicamentos y suministros médicos, pero no existen facturas ni reportes que acrediten su destino. La ASF advirtió un posible daño a la Hacienda Pública Federal y el incumplimiento del acuerdo para garantizar atención médica gratuita a personas sin seguridad social.

ASF detectó irregularidades en infraestructura y educación en Morelos

El organismo fiscalizador también reportó anomalías por más de 40 millones de pesos en el Fondo de Infraestructura Social para las Entidades. De esa cantidad, 23 millones se asignaron a proyectos no ejecutados y 10 millones a obras educativas sin documentación que respalde los gastos.

En el Colegio de Bachilleres de Morelos se identificaron pagos indebidos superiores a 600 mil pesos por sueldos y plazas sin autorización. Asimismo, el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas mostró inconsistencias por 24 millones de pesos debido a obras sin evidencia técnica que sustente su desarrollo.

En el sector educativo, la ASF señaló más de seis millones de pesos pendientes de aclaración por apoyos alimentarios y pagos a servidores públicos sin registro de entrega ni beneficiarios identificados..

Las nuevas observaciones elevan a 6 mil 456 millones de pesos el monto total de recursos federales con irregularidades detectadas en Morelos entre 2019 y 2024. En ese periodo, la ASF documentó 170 casos de posibles desvíos o negligencias. El órgano fiscalizador aún espera que el gobierno estatal justifique los gastos o reintegre los fondos, algunos sin aclarar desde hace más de cinco años.