La vida pública en México enfrenta un nuevo episodio de desconfianza institucional luego de que el Ayuntamiento de Cuernavaca aprobara entregar la calle Santa Prisca, ubicada en la colonia Reforma, a la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días a cambio de un parque que no tiene ubicación, proyecto o certeza alguna. Esta decisión abrió un intenso cuestionamiento sobre el uso del poder municipal y el respeto al carácter laico del Estado.
El acuerdo se aprobó en sesión del Cabildo el 12 de noviembre. La votación reveló el respaldo del presidente municipal José Luis Urióstegui, la síndica Paula Trade Hidalgo, así como de regidores de distintas fuerzas políticas, incluidos los regidores del PAN Miriam Aidee Barajas, Alfredo González Sánchez, Paz Hernández Pardo y Sergio Hugo Barón Pulido, el regidor del PRI Salvador Aguilar Rea y la regidora de MC Erika Lastra Jaimes. De manera solitaria, únicamente el regidor Gabriel Rivas votó en contra. Además, la decisión se justificó bajo el argumento de que la vialidad “ya no se usa”, pese a que conecta otras dos calles y posee un valor territorial relevante.
Ayuntamiento de Cuernavaca y el acuerdo sin garantías
Por otro lado, el Cabildo presentó como contraprestación un supuesto parque que la institución religiosa construiría en un sitio aún desconocido. El texto original señala que la promesa es tan imprecisa que ni siquiera existe un plano, un predio asignado o un documento que garantice su realización. Asimismo, la transacción permitiría a la iglesia ampliar sus instalaciones en una de las colonias con mayor plusvalía de Cuernavaca, mientras que el municipio recibiría un beneficio ambiguo, desbalanceado y difícil de comprobar.
Además, el Ayuntamiento no aclaró si aceptaría un terreno de igual valor en una zona con menor precio por metro cuadrado, lo que implicaría una pérdida patrimonial evidente. En consecuencia, el acuerdo ha sido interpretado como un posible caso de tráfico de influencias al destinar un bien público a un actor religioso, contraviniendo el principio de Estado laico y la obligación constitucional de proteger la integridad del patrimonio urbano.
La opacidad y el beneficio privado como preocupación creciente
De igual manera, la narrativa de “buena fe” utilizada por quienes aprobaron la permuta no ha logrado disipar la sospecha ciudadana. El texto de referencia incluso menciona que varios de los integrantes del Cabildo “se estarían embolsando una buena cantidad de dinero”, lo que coloca a la administración encabezada por José Luis Urióstegui en el centro de un posible escándalo por manejo indebido de bienes y procesos. La gravedad aumenta al considerar que la decisión se tomó sin estudios técnicos, consulta pública ni análisis de impacto territorial.
Este caso se suma a una serie de cuestionamientos sobre decisiones municipales recientes, mientras la calle Santa Prisca termina convertida en el símbolo de una administración que corre el riesgo de perder la confianza vecinal. Un dato relevante es que la colonia Reforma presenta uno de los valores catastrales más altos de Cuernavaca, lo que refuerza la preocupación social sobre el verdadero objetivo de la permuta.
