Caso César Duarte y nuevas investigaciones por lavado de dinero
La captura de César Duarte reactivó un expediente que expone fallas estructurales en el uso de recursos públicos y en la supervisión de bienes adquiridos durante su administración en Chihuahua. La Fiscalía General de la República confirmó que el exmandatario volvió a quedar bajo proceso tras una orden emitida por un juez federal.
Según la FGR, Duarte ocultó recursos desviados del erario mediante operaciones financieras que involucraron instituciones del Sistema Financiero Mexicano. Además, la autoridad señaló que la ejecución del mandato se retrasó hasta que Estados Unidos autorizó fincar cargos adicionales, requisito derivado de su extradición previa.
La detención reactivó el interés público sobre propiedades aseguradas durante investigaciones anteriores, incluido el rancho El Saucito, un predio de miles de hectáreas ubicado en Balleza. Ahí se documentaron más de mil cabezas de ganado y una capilla con objetos religiosos, entre ellos un sillón utilizado por el papa Francisco durante su visita a Ciudad Juárez en 2016. Este hallazgo reforzó dudas sobre el origen de los bienes acumulados durante su administración.
En el mismo predio se detectaron actividades irregulares relacionadas con extracción de agua. Autoridades federales informaron en 2025 que encontraron represas y pozos sin autorización oficial, práctica que generó cuestionamientos por el uso del recurso hídrico mientras el estado enfrentaba sequías y restricciones para productores.
La primera detención de Duarte ocurrió en 2020 en Miami, antes de su extradición en 2022 para enfrentar acusaciones de peculado y asociación delictuosa. Ese proceso continúa abierto. La FGR añadió que el exgobernador solo podrá ser considerado culpable si un tribunal emite sentencia firme, conforme a los principios constitucionales vigentes.
El expediente reciente avanza mientras se revisan antecedentes sobre subsidios pecuarios, préstamos irregulares y presuntas adquisiciones inmobiliarias vinculadas con su mandato, elementos que mantienen activa la discusión pública sobre corrupción y responsabilidad administrativa.
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