Sesión legislativa sobre el Paquete Económico 2026
El ritmo acelerado con el que avanzó el Paquete Económico 2026 en Morelos dejó más dudas que certezas, incluso cuando el Congreso estatal decidió aprobarlo por unanimidad sin una sola observación. La gobernadora Margarita González Saravia celebró el acuerdo como un avance para el desarrollo económico y social, pero la velocidad del trámite impidió un análisis profundo de un presupuesto que asciende a 41 mil 362 millones de pesos, con un incremento de 8.3% respecto al año en curso.
La solicitud del Poder Ejecutivo fue respaldada por el secretario de Administración y Finanzas, Jorge Salazar Acosta, quien defendió nuevos impuestos en enajenación de inmuebles, hospedaje, servicios profesionales y actividades empresariales. También afirmó que atendieron recomendaciones para fortalecer las contribuciones estatales mediante la evolución progresiva de 10 impuestos vigentes. Salazar Acosta reconoció que Morelos mantiene una dependencia superior al 90% de recursos federales, aunque propuso elevarla gradualmente uno o dos puntos porcentuales al año.
El coordinador parlamentario de Morena, Rafael Reyes Reyes, elogió la aprobación al asegurar que el paquete prioriza austeridad e inversión social. También afirmó que se redujeron algunos impuestos y que los recursos se destinarán a seguridad, salud, educación, alimentación, empleo e infraestructura hídrica. Además, aseguró que organismos centralizados y descentralizados solo recibirán incrementos generales para evitar elevar el gasto corriente.
En materia tributaria, Reyes señaló dos impuestos cedulares —propiedad y enajenación— y un aumento al impuesto sobre la nómina que pasará de 2.5% a 3%, lejos del 4.5% planteado originalmente. Del mismo modo, enfatizó que la votación unánime reflejaba “responsabilidad y altura de miras”, aunque no profundizó en las críticas sobre la falta de discusión técnica y la rapidez con la que avanzó el proyecto, que supera los 41 mil millones de pesos.
La gobernadora insistió en que el presupuesto fortalecerá el desarrollo social, mientras Salazar Acosta defendió proyecciones de crecimiento entre 4 y 5%. Sin embargo, la prisa legislativa dejó sin análisis público el impacto real de los nuevos impuestos, la dependencia federal y la viabilidad de incrementar ingresos sin afectar actividades productivas. En consecuencia, voces ciudadanas y especialistas señalan que la unanimidad no sustituyó el debate y que el estado enfrenta un ejercicio fiscal comprometido por decisiones tomadas sin el tiempo necesario.
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