La vida pública en México enfrenta otro episodio de decisiones legislativas tomadas sin escuchar a la ciudadanía, y el Congreso de Morelos volvió a ejemplificarlo al avalar un paquete fiscal que afecta directamente a la población sin abrir un diálogo mínimo. La aprobación fast track del Paquete Económico 2026 confirmó una dinámica que aleja a los representantes de quienes deberían servir.
El Congreso de Morelos votó por unanimidad un conjunto de impuestos y aumentos que eleva la carga fiscal, fortalece a los poderes públicos y debilita la confianza social. Además, la discusión ocurrió bajo total hermetismo, pues la propuesta del Ejecutivo llegó el 13 de noviembre y nunca se difundió completa, pese a solicitudes de periodistas y organizaciones civiles.
Congreso de Morelos y críticas por opacidad legislativa
Diputadas y diputados reconocieron que la unanimidad presuntamente se logró tras ofrecer 20 millones de pesos en obra pública para municipios de interés político rumbo a 2027. Además, empresarios denunciaron falta de participación y un proceso sin transparencia. Roberto Salinas y Antonio Sánchez Durón cuestionaron que las cifras del dictamen no reflejan la realidad económica, pues a junio de 2025 se registra un decremento empresarial y sólo se han creado 680 empleos.
Por otro lado, la introducción de dos nuevos impuestos y cuatro incrementos golpea a sectores productivos mientras el Legislativo evita cualquier debate serio. El impuesto sobre nómina aumentó a 3.0% y se actualizó el impuesto ecológico por emisiones. También subieron tarifas del Registro Público de la Propiedad y sanciones vehiculares. De igual manera, el presupuesto estatal ascendió a 39 mil 856 millones 179 mil 349 pesos, con mayor concentración en áreas estratégicas.
Reacciones políticas y defensa del Congreso
Frente a las críticas, Rafael Reyes Reyes defendió la legalidad del proceso y negó manejos opacos. Afirmó que la transición del impuesto sobre nómina busca homologar al estado con la media nacional y que sólo se aprobaron dos impuestos cedulares. Negó también cualquier acuerdo político por 20 millones de pesos, pese a los señalamientos internos de la Legislatura.
El dictamen aprobado también mantiene que las modificaciones al marco fiscal ocurren sin una ruta clara para fortalecer la competitividad. Antonio Sánchez Durón advirtió que la rapidez del trámite incrementa la incertidumbre y aleja inversión, mientras la salida de empresas como Nissan refleja un entorno adverso.
La sanción vehicular también aumentó a 25 UMA, un dato que evidencia cómo las cargas fiscales se incrementan sin construir mecanismos reales de consulta social ni estrategias económicas integrales.
