El Congreso de Morelos aprobó una reforma que reconfigura el modelo de transparencia en el estado y abrió un debate profundo sobre contrapesos institucionales. La decisión extinguió al Instituto Morelense de Información Pública y Estadística y trasladó sus funciones a una nueva Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, adscrita al Poder Ejecutivo.
La iniciativa, enviada por la gobernadora Margarita González Saravia, incluyó cambios constitucionales y legales para armonizar el marco local con reformas federales. La votación registró una mayoría integrada por Morena, Partido Verde, Nueva Alianza y Movimiento Ciudadano, mientras legisladores del PAN y PRI expresaron su rechazo por considerar que la medida debilita la autonomía institucional.
Durante la sesión, diputadas y diputados señalaron que el derecho de acceso a la información pública se mantiene vigente, aunque ahora quedará bajo control de una dependencia gubernamental. Desde la presidencia de la Mesa Directiva, Isaac Pimentel Mejía defendió la reforma y sostuvo que la transparencia no desaparece, sino que adopta una nueva estructura administrativa.
Congreso de Morelos enfrenta críticas por centralización
La discusión legislativa evidenció posturas encontradas. La diputada panista Andrea Gordillo advirtió que eliminar un órgano autónomo representa un retroceso democrático. Afirmó que concentrar la vigilancia del poder en el propio Ejecutivo rompe la imparcialidad y envía una señal negativa en un estado marcado por desconfianza ciudadana.
Desde Movimiento Ciudadano, Luz Dary Quevedo Maldonado respaldó el dictamen solo por mandato constitucional, aunque advirtió que la reforma no combate la corrupción y anunció vigilancia permanente sobre la nueva secretaría.
Especialistas alertan riesgos al derecho a saber
Organizaciones civiles, periodistas y especialistas coincidieron en que la medida reduce la independencia en la supervisión del poder público. El analista Roberto Salinas señaló que la concentración de funciones complica el acceso a información sensible, mientras el periodista Jesús Castillo García advirtió que el gobierno se convierte en juez y parte.
El acceso a la información pública se reconoce como derecho humano en la Constitución. En Morelos, su tutela ahora dependerá de la operación de una secretaría que comenzará funciones bajo intenso escrutinio social.
